El Observatorio Luz Ibarburu, que nuclea a organizaciones como el PIT-CNT y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con el fin de dar seguimiento a los procesos judiciales vinculados con las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, se reunió ayer con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. El Observatorio había manifestado días atrás su preocupación por el traslado de algunos fiscales que llevaban adelante causas vinculadas a los derechos humanos; en particular, hicieron referencia al caso de María de los Ángeles Camiño, que fue trasladada a la Fiscalía del Crimen Organizado.
Díaz explicó en el encuentro que los traslados son parte de la rutina del servicio y que Camiño se desempeñaba desde hacía cuatro años en la Fiscalía Penal de 2º Turno. “Fue positiva la reunión, se tomó en cuenta la preocupación del Observatorio y se reiteró el compromiso de la Fiscalía con que el Estado debe tener una política de criminalización respecto de los crímenes de la dictadura. Los traslados no significan salirse de esos lineamientos”, explicó el dirigente sindical Raúl Olivera, integrante del Observatorio.
En el lugar de Camiño quedó el fiscal Carlos Negro, de quien el Observatorio no hace “ningún cuestionamiento”, aclaró Olivera. Negro fue quien pidió en diciembre de 2014 el procesamiento del militar retirado Asencio Lucero por torturas, una causa que aún está en curso. Lucero reconoció ante la Justicia la utilización del submarino, la picana eléctrica, la privación del sueño o los plantones como método para “ablandar” a los detenidos durante la dictadura. El miércoles de noche, en una entrevista concedida a Televisión Nacional Uruguay, Lucero dijo que “presionaba psicológicamente” a los detenidos y que hacían “algún submarino, algún plantón grande, desde las tres de la mañana hasta las cinco de la tarde sin tomar agua, todas esas cosas. Yo participé en una guerra”. “No es tortura, se llama ablandamiento”, manifestó.