La necesidad de aprobar cuatro proyectos de ley vinculados al trabajo fue uno de los temas que las máximas autoridades del PIT-CNT abordaron el lunes 14 de marzo, en su reunión con el presidente Tabaré Vázquez: uno para crear un fondo de garantía frente a la insolvencia patronal, otro para gravar las viviendas vacías (que fue redactado por el diputado oficialista Alfredo Asti y ya se encuentra en el Parlamento), otro para el empleo de personas con discapacidad y, finalmente, uno para reglamentar el Convenio Nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza que no puede existir un despido sin aducir fundamentos. No estuvo presente en esa reunión un texto elaborado por la Comisión de Trabajo Tercerizado de la central que, a diferencia de tres de las cuatro normas conversadas con Vázquez, ya se encuentra en los despachos de varios legisladores oficialistas.
La iniciativa, presentada por una delegación de la central el martes 15 de marzo a la bancada de diputados del Frente Amplio (FA), se propone prohibir las tercerizaciones tanto en el ámbito público como en el privado. El texto no fue abordado por los legisladores oficialistas, sino que fue a parar a manos de los diputados frenteamplistas que integran la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, que estudiarán la propuesta y luego informarán a la bancada.
Los legisladores frenteamplistas de la comisión expresaron opiniones favorables a la iniciativa. El diputado Daniel Placeres (Movimiento de Participación Popular) dijo que la idea del proyecto es “viable, en el marco de ajustar algunas cosas”. “Hay cosas que están pasando en las empresas públicas. Se están pagando algunos costos de más y todo el mundo está convencido de que hay que hacer algo. El anteproyecto es bueno como base para la discusión”, consideró. Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), otro de los diputados frenteamplistas de la comisión, adelantó: “Seguramente vamos a presentar la propuesta en el Parlamento una vez que la bancada [del FA] lo autorice”.
El objetivo
El presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios, Favio Riverón, explicó que el proyecto busca eliminar las tercerizaciones “en aquellos servicios que las propias empresas tienen como parte de su estructura”. “No digo en el caso del personal de limpieza o de vigilancia, pero no es lógico que una empresa tercerice, por ejemplo, su cobranza”, ejemplificó. El dirigente sindical también sostuvo que las tercerizaciones generan un problema adicional en el sector público, porque producen diferencias salariales y en las condiciones de trabajo. “En la actividad privada el propio convenio colectivo del sector establece que la equiparación salarial es con el trabajador propio del sector; pero en el Estado no es así, entonces ocurre que un trabajador tercerizado se desempeña al mismo nivel que uno público y gana la mitad de su salario”, expresó. También enumeró otros problemas que deben enfrentar estos trabajadores, como la desprotección legal y los contratos a término, “cuyas renovaciones pueden alterar las condiciones laborales”.
El anteproyecto consta de cinco artículos. El primero define la tercerización como “todo proceso que implique la separación, para su ejecución, de tareas que tengan la calidad de permanentes en una empresa o entidad productiva tanto pública como privada”. El siguiente paso, comprendido en el artículo dos, es prohibir estas acciones: “No podrán celebrarse subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento”. También se prohíben “las modalidades contractuales de suministro de mano de obra y de servicios, así como cualquier forma de intermediación laboral”. El proyecto establece que “los trabajadores reincorporados a través de la declaración de nulidad [de una tercerización] serán considerados pertenecientes a la contratante de pleno derecho, debiendo ser integrados a la estructura de su organización de manera inmediata”.
En la fundamentación de motivos se expresa que “es conocido que los procesos de tercerización, por su naturaleza, tienden a provocar situaciones de precarización en el empleo”, y además “afectan el principio de estabilidad laboral y el pago de retribuciones justas, así como también abren el paso a la fragmentación y debilitamiento de las organizaciones sindicales”. Según se establece allí, los únicos procesos de tercerización justificados son aquellos que reúnen “dos condiciones [...] que se produzca por una parte una clara mejora de la gestión de las actividades y que a la vez, por otra, se determine una sensible mejora en la calidad de los empleos”.