Ayer allanaron una sede y una oficina de Uber en Buenos Aires. Fue iniciativa de la Fiscalía argentina y la de la ciudad, en coordinación con la Unidad de Operaciones Complejas de la Policía. El fiscal a cargo actuó de oficio; acusaba a la empresa de “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”, evadir impuestos, poner en la calle choferes sin la licencia especial que se requiere para llevar pasajeros y no tener seguro para accidentes, informó Página 12.
Para Óscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), fue una conducta ejemplar. “Hace un año avisamos que venía una empresa que nos iba a robar y hace seis meses denunciamos que nos están robando”, dijo el empresario a la diaria. La gremial no suele estar de acuerdo con el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT), pero en esto coinciden: la actividad de Uber en el país es ilegal y está afectando los puestos de trabajo. Dourado va más allá, y afirma que, si bien la Intendencia de Montevideo (IM) salió a fiscalizar en noviembre y aplicó multas, fueron sólo “un par de días”, y la omisión de los actores del Estado está permitiendo una “incitación al delito”.
Dos cartas con firma de Dourado y Javier Fardín, secretario de CPATU, circularon ayer. La primera está dirigida a Máximo Oleaurre, director de Transporte de la IM, y pide una reunión para hablar sobre lo que los dos líderes de la gremial ven como “la desregulación del servicio del taxímetro”. Dourado amplió el punto: “Si creen que hay que desregular la actividad, que nos devuelvan la plata de las matrículas y nos indemnicen”.
En diálogo con la diaria, Oleaurre dijo que tiene pensado recibir a la delegación de la patronal, pero que la desregulación que plantea la carta no existe: “Es obvio. Para que eso suceda tiene que haber un decreto o una ley que desregule”, afirmó. Dourado también denuncia que la IM no está haciendo inspecciones a los autos de la empresa; el jerarca también lo niega y sostiene que se están aplicando multas, y aclara que ese reclamo correspondería al área de Tránsito, que dirige Pablo Ferrer. “Tenemos la regulación municipal, pero además intervino el Poder Ejecutivo”, dijo Oleaurre en referencia a la ley sobre aplicaciones informáticas que Presidencia envió al Parlamento y que en estos días se está discutiendo en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
La segunda carta de CPATU está dirigida al titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro. También con la intención de hablar sobre la “desregulación” del servicio, la gremial anuncia un “descuelgue en los laudos de los trabajadores del taxi” y adelanta que el MTSS tendrá que asesorar pronto a los trabajadores para tramitar el seguro de paro. “Nosotros tenemos que pagar salarios, aguinaldos y nafta. Tenemos responsabilidad civil y penal. ¿Cómo vamos a pagar si no tenemos trabajo? Tuvimos 11 días de paro por la muerte de un trabajador y 20 días de trabajo a reglamento. Los números están en rojo. El taxi está desesperado”, lamenta Dourado, aunque aclara que no hay ninguna decisión tomada sobre cuándo o cuántos empleados enviará al seguro. El dirigente cuenta que Murro lo llamó ayer para comunicarle “preocupación” e invitarlo a una reunión el viernes en la sede del MTSS. Los trabajadores del taxi se reunirán hoy a las 15.00 en una asamblea para ver cómo responder a los dos comunicados de CPATU, pero para Ary Wiedemann, uno de los voceros del SUATT, en los hechos la patronal “hace años que está descolgada” de los Consejos de Salarios.