Son seis los procesados por lavado de activos en el marco de la Operación Jalisco, a cargo de la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos: tres mexicanos y tres uruguayos. A Gerardo González Valencia, identificado por medios mexicanos como el segundo a cargo del cártel Los Cuinis y hermano del líder del grupo, y a su suegro, Héctor Amaral, se sumó el domingo la esposa de González Valencia, Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, que había llegado el sábado a Montevideo y fue detenida en el Aeropuerto de Carrasco. González Valencia y su suegro fueron procesados como autores del delito de lavado de activos; Wendy Amaral, por asistencia al lavado de activos. Los tres uruguayos procesados fueron un matrimonio que trabajaba en la casa de Punta del Este de la pareja mexicana (él como jardinero y ella como doméstica), pero que también figuraban como dueños de varios de los autos de la pareja; ambos fueron procesados por asistencia al lavado. El otro procesado, también por asistencia al lavado de activos, fue una persona que recibía plata de González Valencia y la cambiaba a dólares o pesos uruguayos según fuera necesario. Varios de los encuentros en la ruta o en estaciones de servicio con el líder mexicano, en los que González Valencia le entregaba la plata, fueron filmados por la Policía.
El hermano de González Valencia, Abigael, conocido como el Cuini, fue capturado en febrero de 2015 en México, y según el auto de procesamiento, el grupo, también vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), domina el tráfico de cocaína y metanfetaminas en Europa. Integrantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) dijeron a la revista mexicana Proceso que Los Cuinis son los narcotraficantes “más ricos del mundo”. Según dijo a la diaria el director nacional de Policía, Mario Layera, hasta el momento no se tiene información de que realizaran actividades vinculadas al narcotráfico en el país ni de que lo tomaran como país de tránsito para la mercadería. Sí está comprobado que González Valencia está vinculado al narcotráfico, ya que pesa sobre él un pedido de extradición a Estados Unidos por venta de drogas en ese país. Su suegro también tiene antecedentes por narcotráfico.
Para Layera, González Valencia, que según cuenta el auto de procesamiento usaba como apodos Lalo, Flaco, Silver, Silverio, Eduardo y Laline, vino a Uruguay en 2011, específicamente a Punta del Este, buscando un lugar “donde no lo relacionaran directamente con ellos y su entorno”, y estaba instalado en el país como “base de operaciones, pero no para sacar droga acá”. Junto a su mujer compraron por dos millones de dólares el chalet Quincho Grande, en Punta del Este, y se instalaron allí con sus tres hijos, y habitualmente los acompañaban los padres de Amaral. La Policía no tiene registros de que realizaran actividades vinculadas al narcotráfico en Uruguay.
El director de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Walter Menéndez, contó ayer que la detención de González Valencia se llevó a cabo el jueves frente al colegio Scuola Italiana, al que concurrían sus hijos, porque en las escuchas habían registrado su voluntad de irse del país. Según el auto de procesamiento, la publicación en Búsqueda de que él y su mujer habían adquirido dos sociedades offshore en Panamá, creadas por el estudio Mossack Fonseca, pero mediante un intermediario uruguayo, motivó al mexicano a salir del país. A comienzos de año se había instalado en Montevideo, vivía en hoteles junto a su suegro, sus hijos y las niñeras de estos, que eran mexicanas; de las escuchas telefónicas surge que se refieren a Punta del Este como “Tumba” y a Montevideo como “Big Tumba” o “Big City”.
En el momento de la detención, Lalo no estaba armado ni tenía guardia privada, pero tenía un iPhone que tiró inmediatamente al suelo para que se rompiera. Intentó huir, pero fue capturado en la cancha del colegio, según dijo Menéndez, sin que hubiera niños en el lugar. Allí fue capturado junto con dos personas que iban con él, y luego se hicieron allanamientos en la casa de Punta del Este y en una automotora, donde detuvieron a los demás indagados (en total, hasta el momento, fueron 12), incautaron nueve vehículos (entre ellos varios de alta gama, como dos Audi y una camioneta Land Rover), nueve notebooks, siete tablets y 45 celulares, uno de ellos satelital, que no puede ser interceptado por la Policía. También se recabó “mucha documentación” importante para la causa, añadió Menéndez.
Tras la detención del líder mexicano, los hijos quedaron a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. La Justicia está tramitando que queden a cargo de una tía, que vino con su madre desde Guadalajara.
Todos los procesados están en prisión. Layera dijo que González Valencia no está en Cárcel Central, sino que está recluido bajo medidas de seguridad especiales, y que el Ministerio del Interior está estudiando dónde va a permanecer posteriormente. Ya se comunicó de la detención a la Justicia de Estados Unidos. Layera destacó que esta operación muestra que “no sólo se atiende la demanda de nuestros ciudadanos en el delito común, en el microtráfico, sino que también se continúa en el esfuerzo tendiente a no permitir que organizaciones de crimen organizado extranjeras actúen en el país impunemente”. Explicó que después de haber recibido la denuncia sobre lavado de activos, lo que demoró la detención fue confirmar la identidad de González Valencia.
Intermediarios
La resolución de la jueza De los Santos señala que la denuncia provino de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central a mediados de 2015, aunque tanto Menéndez como Layera dijeron que esta llegó por intermedio de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de Carlos Díaz, presente en la conferencia brindada ayer por el Ministerio del Interior. Díaz aseguró que se investigará “la parte administrativa” de las operaciones, lo que implicará el control de los profesionales involucrados. Entre los indagados que finalmente fueron liberados había una escribana, agentes inmobiliarios y un jugador de fútbol de la selección uruguaya, con quien González Valencia estaba negociando el alquiler de una finca en Carrasco.