La jornada de discusión, convocada por la Fundación Propuestas, se dividió en tres paneles. El primero, que reunió al politólogo militante del Partido Independiente (PI) Conrado Ramos, el ex ministro de Transporte y Obras Públicas Lucio Cáceres, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Martín Dibarboure, y el ex director de ANCAP Conrado Hughes, trató sobre las directrices para gobernar las empresas públicas.
Para Ramos, una gran debilidad de las empresas públicas es que “no está claro el rol del gobierno ni el de los reguladores”, puesto que “no hay un sistema de contrapesos de los poderes”. Dibauboure, por su parte, introdujo el factor del peso de la ciudadanía en los lineamientos, ya que esta “tiene un sentimiento de propietario” que, indirectamente, marca las líneas directrices.
Respecto de ANCAP en particular, Ramos consideró que la Dirección Nacional de Energía debería tener más peso, y que los directorios de las empresas deberían tener “un perfil mucho más profesional”, punto con el que coincidió el senador Pablo Mieres (PI), quien afirmó: “No digo que los directores no sean de confianza política, pero sí tenemos que evitar que conviertan la gestión de las empresas en oportunidades de carrera política, porque eso es grave y acá somos todos pecadores”.
“El directorio de cualquier empresa pública debería tener libertad para gestionar un plan estratégico”, dijo Ramos. Dibarboure, en tanto, consideró que “las buenas prácticas no son aplicables a todos los casos”, pero “siempre debe haber reglas claras entre la empresa y el gobierno”. “Planes de largo plazo, una gestión por resultados, rendición de cuentas y transparencia”, enumeró, a modo de ejemplo.
Para Cáceres debería evitarse “la transferencia de utilidad de las empresas a la cuenta fiscal como forma de redistribución”, así como “la complicidad entre empresas públicas, política electoral y sindicalismo”.
Los nombres
El segundo panel se centró en discutir si las empresas públicas eran efectivamente empresas o administraciones. Los convocados -el ex presidente de ANCAP Andrés Tierno Abreu y los economistas Ignacio Munyo, Gabriel Oddone y Eduardo Ache- concordaron en que el término más correcto para referirse a ellas es el segundo. La diferencia entre ambas expresiones radica en la naturaleza de su marco legal. “No tenemos un sistema de empresas públicas, sino una cosa rara”, sin un “marco común ni lineamientos específicos”, explicó Oddone. “Agregó que se trata de un “sistema de gobernanza híbrido” en el que “no está claramente definida la propiedad de cada empresa”. Parte del problema, dijo, es que “el sistema político está muy metido en la administración”. Esto causa gran “dispersión y falta de control”.
Más adelante, Mieres sostuvo que a esto se le suma que las organizaciones reguladoras, como la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, están bajo la jerarquía de Presidencia de la República, algo, a su entender, “absurdo”. También consideró importante “distinguir y diferenciar” los roles de los entes autónomos y los servicios descentralizados, dándoles a las empresas públicas “un perfil empresarial”.
Vieja herencia
Se planteó también el problema de si se debe compensar las arcas del Estado con las utilidades de las empresas o bajar las tarifas cuando lo que se necesita es controlar la inflación. “Nada más alejado de un rol empresarial”, apuntó Odonne.
Dibarboure aclaró que las empresas públicas no necesariamente persiguen la maximización de beneficios, como una empresa privada, sino que la rentabilidad puede ser “social”. Dijo “lo importante es calcularla” y dar cuenta de ello.
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, participó en el último panel e intercambió opiniones con senadores de los partidos representados en la cámara alta: Marcos Otheguy (Frente Amplio), Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional), Mieres y Pedro Bordaberry (Partido Colorado). Dijo que “en naciones subdesarrolladas como la nuestra, las empresas públicas tienen un papel fundamental”, por lo que se debe buscar eliminar “la cultura de la discrecionalidad”. También se refirió a la compensación de tarifas, inflación y déficit fiscal: “No estoy de acuerdo con que las empresas, por la vía de los hechos, incidan en las cuestiones de la macroeconomía”, dijo, aunque reconoció que “es una política comprensible”.
Larrañaga dijo que se debe apuntar a “mejorar el sistema de evaluación de desempeño” e implementar uno de “metas organizacionales”, además de que se debe hacer público el “cálculo de estructuras de costos para saber las paramétricas de las tarifas”. “Tenemos que definir la razón de ser de las empresas y prestar buenos servicios a un precio accesible, y que esto dure en el tiempo”, dijo, por su parte, Luis Lacalle Pou. En la misma línea, Bordaberry abogó por una diferenciación entre el objetivo de los entes estatales y la política social: “Tenemos que volver a focalizamos en los roles de cada uno. Que no sea Antel el que construye el Antel Arena, sino la Secretaría de Deportes. El tema no es si hay que hacer política social, sino quién la hace”, aseguró.