“Pedimos perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos en nuestro país. Sentimos dolor y vergüenza, ya que son personas que habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes”, expresa la declaración denominada “Perdón y compromiso”, emitida por la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) ayer, al finalizar su asamblea plenaria ordinaria. La CEU reitera su “firme disposición” a recibir, escuchar y acompañar “las denuncias de casos de personas dañadas”, para investigarlas procediendo “con rigor”, de acuerdo al protocolo de acción elaborado especialmente para estos casos. Por esta razón, los obispos decidieron habilitar una línea telefónica (095 382 465) que estará disponible de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 para “recibir eventuales denuncias de todo el país”. El secretario general de la CEU y obispo auxiliar de Montevideo, Milton Tróccoli, dijo a la diaria que del otro lado de la línea habrá “personas idóneas”, como asistentes sociales y psicólogos, entre otros técnicos, y que el servicio entrará en funcionamiento el lunes. Sobre este tema, la carta de la CEU agrega que están “abocados a la creación de una comisión para la prevención de abusos” en la iglesia católica y que se comprometen “a seguir examinando con cuidado las motivaciones y aptitudes de los futuros sacerdotes”. La CEU explica que el tema se “volvió a tratar” en la asamblea “frente a las resonancias generadas por el film Spotlight, que ha llevado a varios medios de comunicación a realizar investigaciones sobre este asunto”. Anoche, el programa Santo y seña (Canal 4) presentó un informe sobre el tema.
Tróccoli informó además que los obispos recibieron un panorama de la “realidad social y económica del país” a cargo de la licenciada Carolina Ferreira, de la Universidad Católica del Uruguay, y manifestó su satisfacción por el “descenso de los niveles de pobreza” registrado en los últimos años, pero también su preocupación por la “desaceleración” de la economía.
Por otra parte, la CEU analizó la carta del embajador uruguayo ante el Vaticano, Francisco José Ottonelli, en la que se pide el consentimiento de los obispos para buscar en los archivos de la sede de la iglesia católica a nivel mundial datos sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. “Los obispos hemos dado el consentimiento al embajador para que se pueda buscar en los archivos vaticanos. Esperamos que haya documentación que pueda ayudar a los familiares a saber algo más sobre su paradero”, indicó Tróccoli. Vale recordar que el papa Francisco anunció su intención de liberar los archivos del Vaticano que contienen información vinculada a la dictadura, y que Ottonelli informó sobre el tema a representantes del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, creado por el presidente Tabaré Vázquez en mayo de 2015.
Se estima que se pueden hallar cartas, peticiones y registros de trámites de personas que concurrieron a la Nunciatura Apostólica o se presentaron ante el entonces arzobispo de Montevideo, Carlos Partelli, para pedir ayuda en la búsqueda de sus familiares detenidos desaparecidos. Sin embargo, el actual arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, pidió “cautela” ante el anuncio de Francisco, porque en el tema “se tocan sentimientos muy profundos de las personas y porque lo más probable es que no haya elementos relevantes”.
Tróccoli dijo que los obispos esperan que la visita de Francisco a Uruguay se concrete en 2017.