Datos sobre ruedas

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“Nunca en la historia de Uruguay hubo posibilidad de un control tan directo y colectivo de la información como lo que estamos planificando”, dijo ayer el intendente capitalino, Daniel Martínez. Hablaba del proyecto que la IM tiene pensado para el futuro del Fondo Capital: en la página web estarán disponibles los datos sobre compras, concesiones, licitaciones, pagos y seguimiento de las obras y proyectos (ver recuadro). Esa es una de las medidas que el gobierno departamental proyecta como parte de su política de transparencia para 2016, que se inició hace seis años con la resolución 640/10, que promovía que se publicara la mayor cantidad posible de los datos que la IM recaba. “Tenemos información que recolectamos para tomar decisiones. ¿Qué nos cuesta compartirla? [...] Aunque pueda generar malas interpretaciones, el resumen es que la gente tiene más información y no la oscuridad o la opacidad”, fundamentó Martínez ayer en la presentación de un informe de la Unidad de Acceso a la Información (UAI) sobre los pedidos de datos que recibió en 2015.

Hay límites, aclaró ayer Roger Rodríguez, periodista y coordinador de la UAI. Las leyes que rigen el proceso son la de Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381) y la de Protección de Datos Personales (18.331), que rigen para todos los organismos del Estado y que a veces entran en conflicto. Cualquier ciudadano u organización puede hacer pedidos por escrito, que se contestan de la misma forma y en formato de tabla de Excel en los casos en que se trate de cifras.

Pero hay restricciones para la información definida como reservada (que comprometa la seguridad pública o nacional, que dañe la estabilidad económica del país o que ponga en riesgo la vida o integridad de otra persona) o confidencial (que trate sobre el patrimonio de una persona o que contenga datos económicos o administrativos que puedan ser útiles para un competidor comercial del sujeto). “No podemos decir quién es el propietario de un vehículo”, ejemplifica Rodríguez.

Los montevideanos cada vez piden más datos a su intendencia. En 2010, cuando se reglamentó la ley de acceso, hubo sólo dos pedidos. Según el informe, el año pasado hubo 405 y todos se tramitaron. “No son tantos, pero no son tan pocos”, valora el coordinador. 395 respuestas contenían la información que se pidió, y diez, información parcial. 375 se contestaron -por la positiva o por la negativa- dentro del plazo de 20 días hábiles que establece la ley, 28 se presentaron con prórroga de 20 días más y uno se presentó fuera de plazo, porque la respuesta dependía de un documento que no aparecía.

La mayoría de los pedidos, 271, apuntaban a la dependencia de Movilidad de la comuna. Siguen Acondicionamiento Urbano (30), Secretaría General (23), Recursos Financieros (15) y Desarrollo Ambiental (diez); en el fondo del ranking está Cultura, con cuatro. Las preguntas más frecuentes tienen que ver con insumos para trámites concretos, en particular padrones de autos. También se consulta sobre preferencias en las esquinas de algunas calles que perdieron los carteles de “Pare” o “Ceda el paso” en manos del vandalismo (que sirven para dirimir casos de accidentes de tránsito), la identidad de funcionarios que ponen multas e información sobre permisarios de taxis o camionetas de escolares. También han llegado consultas sobre la población de Montevideo, permisos de construcción aprobados, calidad del aire, el nomenclátor de las calles, límites de los barrios y ubicación de las paradas de ómnibus.

La UAI dio respuesta negativa a dos pedidos, uno sobre cuántas rampas hay en las veredas de la ciudad y otro de una empresa que pedía antecedentes de accidentes y resultados de espirometría de los choferes a los que empleaba; en primer caso, porque no se sabe, y en el segundo, porque se trataba de información reservada. Pero sí hubo respuestas a casos singulares, como el de un señor que necesitaba documentar los años que había trabajado como taxista, datos que se perdieron en un incendio en el archivo del Banco de Previsión Social en los años 70. “El único antecedente eran los cartones que existían en la IM”, explicó Rodríguez.

Las autoridades departamentales se mostraron conformes con los resultados de estas políticas de gobierno abierto. Santiago Brum, director de Información y Comunicación de la IM, dijo ayer en la conferencia que el sitio web de la comuna es el segundo del Estado que tiene más visitas. Tres de los cuatro conjuntos de datos públicos que registra la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento en el portal que nuclea la información que generan todos los actores estatales, datos.gub.uy, tienen que ver con la IM, agregó Cristina Zubillaga, directora de Montevideo Ciudad Inteligente, el área creada en 2015 con el objetivo de impulsar aplicaciones para celulares, control ciudadano de la gestión por medios electrónicos e “internet de las cosas”, como se le llama a la aplicación de sensores a los objetos -ómnibus, contenedores, semáforos- para recabar información. Zubillaga anunció que este año se liberarán cinco nuevos paquetes de datos, y que el gobierno departamental pretende seguir fomentando el trabajo en conjunto con organizaciones civiles para traducir los datos abiertos en aplicaciones de celular útiles para la ciudadanía, como DóndeReciclo (que señala en un mapa los puntos más cercanos donde se reciben pilas, latas, vidrio y plástico), DóndeRetiro (para encontrar cajeros automáticos), RampitaUy (para localizar lugares y comercios accesibles para personas con discapacidad), MVD Bike (para que los ciclistas ubiquen ciclovías y estacionamientos de bicicletas para poder trazar rutas por la ciudad) y Por Mi Barrio (que permite reportar daños, roturas y vandalismo en la vía pública). Zubillaga señaló también la preferencia de la IM por el software de código abierto -una política que quedó plasmada en la resolución 5328/12, de 2012-. Por su parte, Brum dijo que la IM pretende que los datos abiertos se usen más, y adelantó que en agosto habrá una campaña para fomentarlo en la vía pública y, claro, en internet.