-¿Cómo definiría la política de seguridad del FA?
-Tiene la agenda de la derecha. Este un problema no es uruguayo, es de todos los gobiernos de izquierda. Hubo un quiebre con la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario [de 2005], en la que se reconoció que hay un problema, que las cárceles están hacinadas, que se vulneran derechos, y que hay que habilitar mecanismos de salida y apuntar a las causas del delito, porque el encierro no es la solución. Ese discurso contrahegemónico no fue sostenido por el FA. El ministro José Díaz fue duramente enjuiciado, y rápidamente se cambió el eje hacia un fortalecimiento y endurecimiento de la política de seguridad. Con Eduardo Bonomi se planteó ser “duros” con la delincuencia.
-¿Cómo se caracterizan las agendas progresistas?
-Facilitando las salidas transitorias, por ejemplo. Lo contrario a lo que se propone hoy. En lugar de intentar que la persona que ingresa al sistema pueda egresar más contenida en la sociedad, mediante la progresividad que se da con las transitorias, se quiere cortarlas. La persona va a salir de golpe, y a veces las herramientas para que pueda resocializarse no están. De esa manera se puede generar el efecto contrario al que se tenía como objetivo. Reducirlas no disminuye el delito ni nada por el estilo, sólo van a generar más encierro. Con la cantidad de presos que están ingresando por año, alrededor de 600, si cerramos las posibilidades de salida estamos generando más hacinamiento, más prisionización.
-También se propone prohibir la libertad anticipada a reincidentes que cometan delitos como rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y homicidio.
-Negarla tampoco tiene un efecto favorable, porque la persona sale cuando hay “signos de rehabilitación manifiestos”, y después de haber cumplido dos tercios de la pena, según lo establece la ley. Es muy discutible cuáles son esos signos, pero, por ejemplo, se ve si tiene trabajo, si estudia. Pero es algo que no se da automáticamente; es difícil conseguirla, requiere un informe del juez, del Instituto Nacional de Criminología, del establecimiento penitenciario, y lo resuelve la Suprema Corte de Justicia (SCJ). A veces son procesos de seis a ocho meses. Hay una doble vulneración de derechos, porque la SCJ niega la libertad a las personas que no estudian o trabajan, pero el sistema no brinda las oportunidades para que los que quieran puedan hacerlo. Con eliminar este beneficio se está buscando un efecto simbólico: decirle a la ciudadanía: “Me estoy ocupando de esto, estoy impidiendo que salga antes”. La gente cree que la cárcel está llena de la gente más violenta de la sociedad, y no es así: está llena de jóvenes, pobres, y por delitos contra la propiedad. Además, el tema de la reincidencia para muchos juristas es inconstitucional, porque es un doble juzgamiento. Ningún gobierno de izquierda la ha derogado, porque el costo político es muy alto.
-¿Qué se necesita para cambiar el sistema?
-Además de las normas, es necesario que cambien la cultura jurídica y las instituciones. Hoy sucede que, por ejemplo, los operadores no tienen ni la más mínima idea de a dónde están mandado a la gente cuando la mandan presa. Los fiscales no pisan la cárcel. Es mucho más liviana su conciencia cuando deciden encerrar a alguien, porque aunque entiendan que el castigo es la cárcel, cuando uno ve a dónde está yendo, dice: “La cárcel no va a cumplir ninguno de los fines que me está diciendo que va a cumplir. Es imposible. ¿Para qué voy a mandar preso a un gurí de 18 años por un hurto?”. Supongamos que como operador creo que le van a dar educación. Mentira. Si el tipo ingresa después de marzo, a duras penas conseguirá algo de trabajo como fajinero. La cárcel infantiliza, no es algo que genere responsabilidad en las personas. Al revés. Enseña a convivir ahí adentro; no tiene lógica.
-¿Qué sucede con las medidas alternativas a la privación de libertad?
-Uno de los problemas es que antes de la ley que las aprobó [Nº 17.726, de 2003] había un núcleo de delitos y faltas que eran archivadas. Se apelaba más a la mediación. Si a la víctima de un hurto se le pregunta si le interesa que la persona vaya presa o prefiere un mecanismo reparador, si se dialoga y se le muestran otras perspectivas, no te dice “sí, mandalo preso”. Con la ley pasó que en vez de utilizarlas para no mandar tanta gente a la cárcel, se puso el foco en estas cosas que antes se resolvían con mediación y se archivaban. Tampoco se generó una institucionalidad fuerte para ejecutar las medidas.
-Para coordinar la ejecución de las medidas está la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida. ¿No funciona?
-Es una institucionalidad débil. En Uruguay tenemos el problema de generar leyes pero no institucionalidad. Si no se generan instituciones que piensen en otra lógica que la de la cárcel, siempre va a seguir siendo un lugar de destino. Pero la cárcel no existió siempre. En vez de ahorcar y dar latigazos, se empezó a castigar el alma, como dice Michel Foucault. Le saco tiempo a la persona.
-Después de 35 años, se modificó el Código de Proceso Penal.
-Sí, se va a pasar del modelo inquisitivo a uno acusatorio; vamos a dejar de trabajar con un juez convencido. De todos modos, hay que prestarle mucha atención a la relación entre la Fiscalía y la Policía, que empezaría a seguir las instrucciones del fiscal para investigar y no le reportaría al juez. Es muy importante que el juez dé garantías, porque de alguna manera puede haber un desnivelamiento en la balanza a favor de la Fiscalía. No es que en sí mismo esté mal, pero hay que prestar atención a cómo se llevan a cabo las investigaciones, cuáles son las medidas que se toman; por ejemplo, las solicitudes que generan afectación de derechos: interceptación de llamadas, allanamientos. Y tener un juez ágil, que esté despierto y pueda identificar posibles vulneraciones a los derechos de las personas.