El Banco de Seguros del Estado (BSE) es la única empresa aseguradora del mercado que se encarga de administrar las rentas vitalicias acumuladas por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), lo que le está generando un déficit que conduce a la necesidad de una capitalización para continuar su operativa. El director de la División Actuaria del BSE, Marcelo de Polsi, dijo ayer en la actividad “A 20 años del régimen mixto de jubilaciones”, organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que existe un desequilibrio entre lo que depositan las AFAP como renta vitalicia de quienes se jubilan por el sistema de ahorro individual y lo que en realidad debe pagar el banco. Graficó que por cada 100 pesos que recibe, el BSE tiene que pagar 107, y dijo que desde que se retiró de ese negocio Zurich Santander Seguros, hace unos años, el BSE es la única entidad que administra rentas vitalicias.
En diálogo con la diaria, De Polsi explicó que hay que cambiar “las tablas de mortalidad”, que no están actualizadas, así como “las condiciones con que se fijan las jubilaciones”, para que “sean más adecuadas técnicamente”. “En la práctica eso significa que se va a requerir más saldo de cuenta por peso de renta. Hacia el futuro significa una menor jubilación por cada 100 pesos de saldo acumulado”, agregó. Pero además, expresó que después de que el BSE recibe “el saldo” de una cuenta en unidades reajustables (UR) el banco “no puede invertir esa plata que recibe de los jubilados, porque no existen los instrumentos en UR”. “Entonces se enfrenta a un riesgo: comprar el papel en otra moneda y que después la rentabilidad no le rinda. Le puede dar más o le puede dar menos, pero es un riesgo que está asumiendo una aseguradora, cuando teóricamente la obligación de una aseguradora es calzar la inversión con lo que después tiene que pagar”, añadió.
Según De Polsi, uno de los requerimientos para revertir esta situación “es un cambio de la moneda en la que se revalúan las jubilaciones”, porque de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, “las jubilaciones se deben reajustar por el índice medio de salarios”. “Está en discusión legal, pero hay bastante consenso en que las prestaciones del sistema de ahorro tienen que ajustarse por UR; en definitiva, habría que cambiar la Constitución, lo cual es más complicado”, explicó. El técnico reconoció que el BSE no está obligado legalmente a operar con el producto rentas vitalicias, y que permanece porque es una entidad estatal y, de retirarse, haría caer el sistema.
Por su parte, el superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay (BCU), Juan Pedro Cantera, dijo en la actividad que el sistema se enfrenta al desafío del crecimiento de la esperanza de vida. “En 1996 había dos jóvenes menores de 15 años por cada uno de 65 años, y hoy la relación es de 1,4”, añadió. Cantera dijo que va a haber cada vez menos activos por cada pasivo y que en el futuro “no hay mejor solidaridad que ocuparse de uno mismo”. Con respecto al BSE afirmó que “los resultados económicos de las rentas vitalicias no son alentadores” y que, si esto no se modifica, se consolidará el monopolio del banco “con un impacto en el fisco”, ya que “va a tener que pedir una capitalización en algún momento”.
Consultado por este tema, el titular del MTSS, Ernesto Murro, dijo que “hay que ver” por qué después de 20 años solamente el BSE “permanece brindando prestaciones”. Agregó que la solución es “diálogo permanente, estudios permanentes y reformas permanentes”. “Este sistema no ha dado algunos resultados que se habían comprometido, y requiere que sigamos pensando en función de las circunstancias. No estamos pensando cosas para mañana, sino partiendo de la base de que no tenemos ninguna bomba de tiempo arriba de la mesa; hay que anticiparse a las cosas que van a pasar a partir de algunos ejemplos de cosas que ya están pasando”, consideró.
Murro señaló que todos los expositores de la actividad señalaron “carencias y necesidades de reforma, como también avances”, y expresó que “hay una cantidad de ideas”. “Lo bueno es que desde el gobierno estamos promoviendo las reformas graduales, un sistema sostenible, que reconozca los problemas que hay y viendo cómo se pueden ir resolviendo. En 1995, cuando se pasó a este régimen, se dijo que era para resolver problemas financieros y en parte lo fue, y 20 años después, tenemos que volver a recurrir al Estado. Es una pregunta que hay que hacerse”, concluyó.
Señora de las cinco décadas
La presidenta de la Asociación Nacional de AFAP, María Dolores Benavente, defendió el sistema mixto, informó que hay más 1.300.000 afiliados y que por primera vez Uruguay “tiene una masa de ahorro importante como para hacer inversiones”. Ella y otros disertantes señalaron que el sistema demostró su sustentabilidad por haber “superado dos crisis”, la de 2002 y la de 2008. La economista destacó que las AFAP llevan invertidos más de 1.100 millones de dólares en el sistema productivo, un monto que se puede aumentar en la medida que proliferen los proyectos de participación público-privada. También dijo que existe un “núcleo duro” de informalidad y que hay estudios comparados que demuestran que se puede mitigar promoviendo “el ahorro voluntario”.
Luis Costa, representante de República AFAP, también defendió el sistema mixto, considerando que además de hacer “más sustentables las cuentas públicas y permitir destinar recursos a otras áreas y sectores, tiene la gran virtud de que logra para los trabajadores una prestación mejor que la que obtendría sólo por el régimen de reparto”. Destacó que República AFAP invirtió en el sistema productivo 40% más que las AFAP privadas y que se ha logrado financiar “con este ahorro nacional” parte de los déficits fiscales del gobierno, “logrando que los intereses de los bonos y papeles emitidos por el Estado que se hubieran ido para los inversionistas del exterior pasaran a ser ganancia de los trabajadores uruguayos”.
Costa opinó sobre un tema “del que se está hablando mucho y mal”: “Se está diciendo que la generación de trabajadores que actualmente tienen entre 51 y 59 años se perjudica por haber sido obligada a entrar a las AFAP y que pierden 30% o 35% en relación a estar sólo en el Banco de Previsión Social [BPS]”. Para Costa, los “cincuentones” afiliados son cerca de 200.000 y, según estudios, “sólo 30.000 o 35.000 de ellos, de los de mayores ingresos, se beneficiarían de una ley que les permitiera pasar a un régimen anterior que no les corresponde por la ley actual”. “Cuando se hace un ajuste, siempre hay que establecer un momento a partir del cual se aplica, y hay gente que queda de un lado y gente que queda del otro”, afirmó.
No obstante, tanto el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, como la de los jubilados y pensionistas, Mirna Martirena, criticaron esta situación y exigieron una solución para los “cincuentones”. “¿Por qué una persona que tiene la misma historia laboral que yo se tiene que jubilar con hasta 40% menos?”, preguntó Martirena. Ruiz fue el panelista que más criticó el sistema, y advirtió sobre las “consecuencias” que tendrá “para las futuras generaciones”. “Van a tener baja o nula rentabilidad”, agregó. También criticó que el BPS se encargue de recaudar para las AFAP, sin cobrarles, y que el BSE esté perdiendo por asumir el mercado de las rentas vitalicias.