Tras la denuncia de 19 trabajadores que fueron despedidos, presuntamente por persecución sindical, del grupo Caputto, elaborador de jugos de fruta para el mercado interno y para la exportación, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados recibió ayer a un representante de la empresa, quien los responsabilizó de la desvinculación.
La empresa Nolir, del grupo Caputto, envió como representante a su gerente general, quien, según el diputado oficialista Luis Puig, “intentó contradecir a los trabajadores, sin éxito”. Representantes del Sindicato de Peones de Estancias habían concurrido a la misma comisión una semana atrás, y en esa ocasión su vocero, César Rodríguez, dijo que se trataba de un caso de “persecución sindical”, algo con lo que la comisión estuvo de acuerdo.
“La denuncia establecía despidos antisindicales de muchos trabajadores con una larga actividad laboral allí -algunos más de 20 años- y volvimos a reafirmarlo hoy. No sólo es una empresa que realiza un desconocimiento de los derechos laborales de sus trabajadores, sino que trata de generar una situación de miedo mediante la firma de rebajas salariales ”, afirmó Puig. Rodríguez había dicho que a los despedidos “no les dieron motivo alguno” para su desvinculación, y que a los restantes seis trabajadores en planta les rebajaron el salario.
El representante del Partido por la Victoria del Pueblo sostuvo que la empresa presenta irregularidades en su gestión de recursos humanos desde “hace muchísimo tiempo” y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya la ha sancionado por “precarización del trabajo, represión sindical y rebaja salarial”. “Es una vieja práctica del grupo Caputto, que responde a una estrategia empresarial de tratar de destruir a la organización de los trabajadores, de manera que estos no tengan un sindicato con gente con experiencia para enfrentarse a los empleadores”, explicó.
Según Puig, el gerente general de la citrícola salteña sostuvo que el despido fue “responsabilidad de los trabajadores”, que “han generado conflictos”, y que estos además se debían a una reestructura que la empresa “ya había anunciado”. Agregó que “hay nuevas etapas [de esta reestructura] que se avecinan”, algo que el diputado consideró “sumamente grave”, en el entendido de que se trata de una “amenaza a los actuales trabajadores”.
El legislador dijo que “no hubo argumentación” por parte de la empresa, y que su gerente general sólo atinó a afirmar y luego a “desdecirse”; en definitiva, afirmó, “no pudo demostrar nada en absoluto”. Sostuvo que se trata de “una represión vergonzosa” y que la comparecencia de la empresa “parece una tomadura de pelo al Parlamento”.
Una delegación de la comisión visitará el jueves las instalaciones de la empresa en Salto, para recorrer la planta y evaluar in situ la condición laboral de los trabajadores.