Si bien el martes los senadores de la Comisión de Educación y Cultura de la cámara alta, Ivonne Passada (Frente Amplio-FA, MPP) y José Amorín (Partido Colorado, Propuesta Batllista), pronosticaron que el proyecto de ley que modifica la Ley de Derechos de Autor sería aprobado por el plenario en las últimas sesiones de abril o en las primeras de mayo, al día siguiente la comisión aprobó por unanimidad el texto final del proyecto, y mañana será considerado por la Cámara de Senadores. La iniciativa surgió del Centro de Estudiantes de Derecho de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) después de varios allanamientos a locales de venta de fotocopias en 2013, y fue retomada en la actual legislatura. Además, el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura, que también presentó un proyecto de mayor alcance, propuso algunas modificaciones al proyecto presentado a impulso de la FEUU.
Finalmente, la comisión del Senado incorporó buena parte de las sugerencias del Consejo de Derechos de Autor, pero, por ejemplo, mantuvo un artículo que a su interna no generaba acuerdo y que sí planteaba el proyecto de la FEUU: el que propone que sea legal que una persona haga copias de una obra siempre que sea para uso personal y sin fines de lucro.
Sin embargo, como era de esperar, el pasaje del texto por la comisión no estuvo exento de polémica. Por ejemplo, al momento de la votación del texto final se consideraron aportes de la Cámara Uruguaya del Libro y del sindicato de la Fundación de Cultura Universitaria (FCU), que entendieron que las excepciones y limitantes propuestas al usufructo del derecho de autor son excesivas. Por ejemplo, el sindicato de trabajadores de FCU planteó en la comisión que si bien saben que la fotocopia “existe y va a seguir existiendo”, no por ello pueden “aceptar que se liberalice indiscriminadamente y menos que se fomente”. En concreto, y en una línea similar a la propuesta por la Cámara Uruguaya del Libro, quisieron limitar la cantidad de material de una obra que se pueda reproducir, y que sólo se habilitara la reproducción sin fines de lucro en instituciones de enseñanza e investigación públicas, algo que no fue de recibo en la comisión. Al contrario de lo que sostienen ambas gremiales, académicos internacionales consultados por la organización Creative Commons creen que la ley no viola tratados internacionales ni acuerdos de inversiones, y que el proyecto en consideración es “muy conservador”, ya que sería necesario incorporar más limitaciones al derecho de autor. Dicho argumento fue planteado por Patricia Díaz, integrante de la organización, durante una mesa de diálogo realizada la semana pasada en la Facultad de Derecho.
El Movimiento por el Derecho a la Cultura surgió en 2013 para oponerse a un artículo de la Rendición de Cuentas que aumentaba los plazos de restricción por derecho de autor, y está integrado por organizaciones, estudiantes, docentes, músicos, bibliotecarios y militantes del software libre. La organización emitió un comunicado en el que advierte que dirigentes de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) “han establecido contactos políticos a todo nivel para tratar de presionar buscando la eliminación del artículo que quitará del ámbito penal las infracciones al derecho de autor que se cometen sin fines de lucro y sin ánimo de generar perjuicio al autor”. En concreto, se trata de un artículo que deroga la sanción económica que, de acuerdo a la ley vigente, deben recibir quienes reproduzcan obras, aunque lo hagan sin fines de lucro. La senadora del FA Constanza Moreira, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, confirmó que desde AGADU se contactaron para plantear su desacuerdo con dicha derogación. De todas formas, dijo que el texto ya está votado, y que eventuales cambios estarán a consideración mañana en el plenario de la cámara.
En diálogo con la diaria, el presidente de AGADU, Alexis Buenseñor, declinó realizar consideraciones sobre el proyecto de ley, ya que su intención es que los legisladores se enteren de los planteos directamente y no por medio de la prensa. Según dijo, si bien iban a ser recibidos por la comisión del Senado el 27 de abril para plantear su postura, entienden que si el proyecto es aprobado mañana, es claro que eso no ocurrirá. En ese caso, por lo tanto, AGADU deberá apelar a intervenir durante el tratamiento del proyecto en Diputados. Al respecto, Moreira señaló que se trata de una ley “garantista” y que la comisión recibió a varias delegaciones. Las que no fueron recibidas formalmente, como AGADU, se contactaron informalmente y tendrán espacio para acudir al Parlamento cuando el texto se trate en la comisión de Diputados.
La FEUU convoca mañana a asistir a las barras del Parlamento durante el tratamiento del proyecto, que comenzará a las 9.30. Para la federación, se trata de una iniciativa que contribuirá a garantizar el acceso a los materiales de estudio y que, a la vez, ampara bajo la ley una serie de acciones, como sacar fotocopias o descargar archivos de la web, que, pese a que son comúnmente practicadas por la población, están penadas por la ley vigente, que fue aprobada en 1937 y modificada levemente en 2003.