En diciembre de 2011, luego del hallazgo de los restos del maestro Julio Castro, asesinado por la dictadura cívico-militar, los antropólogos que integraban el grupo que trabajaba en ese momento en la búsqueda salían del Batallón Nº 14 cuando fueron interceptados por dos motos. Sus tripulantes los insultaron y amenazaron, y les exigieron que no continuaran con la investigación. En ese momento, los antropólogos no hicieron la denuncia porque no le dieron mayor importancia al hecho. Varios abogados querellantes en causas vinculadas a la última dictadura también han recibido amenazas. Estas situaciones fueron denunciadas ayer por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una reunión que mantuvieron, en la sede de la cartera, con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Familiares pidió una reunión con los ministerios de Defensa y del Interior para denunciar estas amenazas, anteriores al robo cometido en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) durante la Semana de Turismo en el que, además, se amenazó a los antropólogos.
Fernández Huidobro había declarado a Radio Nacional que el robo es “un hecho grave” y “no es de delincuentes comunes”. Ayer reiteró su preocupación por el hecho, pero dijo a Familiares que la investigación es del Ministerio del Interior.
“Para nosotros el mensaje es muy claro. Estamos seguros de que esto tiene que ver con el terrorismo de Estado, con gente vinculada a esa época, que trabaja en la inteligencia. Acá hubo un trabajo de inteligencia, lo que no es poca cosa, suponemos que puede haber una vinculación con militares”, dijo a la diaria Nilo Patiño, integrante de Familiares. Según contó Patiño, el ministro admitió durante la reunión que “hay un grupo de militares retirados que siguen activos” y que a algunos de ellos “los tienen identificados”, pero que “no los pueden investigar sólo por opinar” o por desarrollar actividades que no son ilícitas. En el mismo sentido se expresó el Ministerio del Interior: fuentes de esa cartera dijeron a la diaria que tienen identificados a militares retirados que realizan actividades de inteligencia, pero que la investigación sobre el robo la está llevando a cabo la Justicia y no corresponde que el ministerio proporcione nombres.
Por otra parte, el jerarca ofreció a Familiares la apertura de todos los archivos del ministerio. “Nosotros le reiteramos la resolución que adoptamos cuando él asumió, respecto de que nosotros consideramos inconveniente que él se mantenga en el cargo”, relató Patiño.
Con reserva
El juez penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, a cargo de la investigación por el robo en el GIAF, se reunirá hoy con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que le entregará datos del informe que elaboró la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. Ayer no hubo indagatorias; el viernes sí declararon los nueve profesionales que trabajan en el GIAF, en calidad de indagados. También confirmó que serán convocados los responsables de Grupo Gamma.
“La empresa es una voz importante en todo esto, pero también hay otras”, se limitó a responder el magistrado.