La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) ya definió qué mecanismo parlamentario utilizará en el Senado para investigar los alcances de la filtración de documentos conocida como Panama Papers, que mostró que Uruguay ocupa el décimo lugar entre los intermediarios en la creación de sociedades offshore, de acuerdo con los documentos del estudio panameño Mossack-Fonseca.
El senador Rubén Martínez Huelmo, principal impulsor de la iniciativa, confirmó que la bancada optó por una comisión especial, descartando la posibilidad de crear un grupo con fines legislativos o una comisión investigadora. “Para esto último deberían presumirse irregularidades, pero no tenemos elementos explícitos que digan que las haya, ni tampoco que no las haya”, dijo el senador. El legislador también recordó que una comisión de similares características se creó en el período anterior para tratar el lavado de activos.
Por intermedio de su coordinador, Rafael Michelini, la bancada frenteamplista formalizará el planteo a los restantes tres partidos de oposición que integran el Senado. Varios legisladores de la oposición ya se han manifestado a favor de esta iniciativa, como el nacionalista Jorge Larrañaga y el colorado Pedro Bordaberry. Pero independientemente de lo que hagan estos senadores, la comisión será creada, porque el FA ya cuenta con los votos para aprobar su conformación. El cuerpo será votado en las primeras sesiones de mayo y tendrá en total siete integrantes, de los cuales cuatro pertenecerán al FA.
Martínez Huelmo ya había dicho a la diaria que en esta comisión debería citarse a las autoridades de la Dirección General Impositiva, del Banco Central y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo , entre otros organismos. “Para mí lo que se tiene que investigar es qué es legal y qué es ilegal. Si es evasión, es delito. Pero eso hay que demostrarlo. Y surgirán los nombres”, había dicho el legislador. Uruguay estuvo durante 15 años saliendo de la opacidad en este tema, y resulta que hay 5.000 offshores. Queremos saber qué hacen”.
La semana pasada, el titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, había dicho a Búsqueda que promovería cambios legislativos para lograr mayor transparencia de las empresas offshore. Concretamente, promueve que sean públicos los nombres de los titulares uruguayos de las empresas, así como qué actividades realizan.