El Estado uruguayo, parte civil en el juicio contra militares de la región que se lleva adelante en el Tribunal de Roma, Italia, por la coordinación represiva del Plan Cóndor, dispondrá de seis audiencias para presentar a sus testigos. Esto implica que, de los más de 40 testigos que tenía previsto presentar inicialmente el abogado del Estado uruguayo, Fabio Galiani, podrá citar aproximadamente a la mitad, en audiencias que deberán concluir en junio. Para coordinar la estrategia del Estado uruguayo en la recta final de las exposiciones testimoniales, se reunieron ayer de tarde en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores los familiares de las víctimas que son denunciantes en el juicio, testigos -entre ellos el ex senador frenteamplista Enrique Rubio y el ex subsecretario de Industria, Energía y Minería Martín Ponce de León, que pertenecían a los Grupos de Acción Unificadora (GAU)-, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, y el coordinador del Grupo Verdad y Justicia, Felipe Michelini. Conversaron mediante videoconferencia con el abogado Galiani.
“Fue una de las tantas instancias de coordinación de estrategia del juicio Cóndor en Roma”, se limitó a señalar Michelini, y destacó que la participación del Estado uruguayo como parte civil “es muy importante desde el punto de vista simbólico, jurídico y político”, y está “en consonancia con la lucha por la verdad y la justicia que el Estado uruguayo está llevando adelante”.
Durante la videoconferencia se valoró la pertinencia de citar a militares como testigos, teniendo en cuenta que varios de ellos ya fueron procesados en juicios en Uruguay, que algunos están en libertad condicional y podría requerirse una orden judicial para sacarlos del país, y que la mayoría de ellos se ha negado a aportar información en los juicios por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Se acordó que, dado que los testigos propuestos por el Estado uruguayo deberán ser menos que los previstos inicialmente, el recorte se realizara en los testimonios militares.
Una de los familiares que testificarán es la actual diputada frenteamplista Macarena Gelman, hija de detenidos desparecidos. “El testimonio de Macarena como víctima directa va a ser muy importante para el tribunal de Roma”, valoró Michelini, y aclaró que Gelman no testificará como integrante del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, sino en forma personal. “El Grupo Verdad y Justicia no tiene un fin persecutorio penal, aunque está al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a brindar toda la información que se le solicite”, aclaró Michelini. Además de los testimonios, el Estado uruguayo aportará documentación que ya es conocida, por ejemplo, los informes elaborados por las tres armas durante el primer gobierno del Frente Amplio, en particular el de la Armada, que fue el que aportó más información.
Una de las principales preocupaciones de testigos y organizaciones vinculadas a los derechos humanos es lograr el procesamiento del capitán de navío retirado Jorge Tróccoli, acusado en el juicio y cuya participación en la coordinación represiva ha sido señalada durante el proceso judicial. “La preocupación de una víctima o un familiar en relación a la calidad probatoria existe y es legítima, y hay que extremar todos los esfuerzos para que se pueda llegar con la carga probatoria más ajustada posible”, manifestó Michelini.
El presidente Tabaré Vázquez está haciendo un seguimiento directo del tema, y según supo la diaria designó al secretario de Presidencia, Miguel Toma, para seguir paso a paso el juicio. “La preocupación del presidente de la República en este tema es directa”, informó Michelini.