No sólo la comisión interpartidaria sobre seguridad y convivencia ciudadana que convocó para hoy el presidente Tabaré Vázquez tendrá un duro trabajo si es que pretende llegar a acuerdos sobre políticas de Estado. El grupo interpartidario sobre hidrocarburos también deberá afrontar una ardua labor, ya que el anteproyecto de ley presentado por Vázquez a los partidos políticos no generó conformidad en la oposición.
El borrador del Poder Ejecutivo fue entregado a todos los partidos el jueves, y el gobierno aguarda las primeras devoluciones. A pesar de que se trata de una iniciativa preliminar y de que está abierta a la discusión del sistema político, el texto presentado por el Ejecutivo no tardó en recibir las primeras críticas.
Si bien tras el encuentro del jueves varios representantes de la oposición destacaron que la idea era que las autoridades de la nueva entidad a crear fueran designadas por el Parlamento, el proyecto de ley establece que el Consejo Directivo del Organismo Nacional de los Recursos Hidroacuíferos (ONRH) sea integrado por cuatro miembros propuestos por el Poder Ejecutivo. El texto establece que estos directores necesitarán una venia parlamentaria de tres quintos de los votos del Senado, pero en caso de que no se alcance esta mayoría especial en 15 días, “el Poder Ejecutivo podrá prescindir de ella”. El diputado nacionalista Pablo Iturralde sostuvo, a título personal, que el texto “deja muchas dudas” y que “no corresponde como está redactado”: “Desde el punto de vista político, si lo que se busca son los consensos no se puede hacer que las cosas se resuelvan de esa manera”.
En tanto, un participante en el encuentro del jueves en representación del Partido Colorado opinó que el borrador “no refleja lo que se ha dicho”. Anotó además que no sólo la dirección del organismo depende enteramente del Poder Ejecutivo, sino también el fondo intergeneracional: el artículo 12 del borrador establece la creación de este fondo, “nutrido de las rentas que reciba el Estado por la explotación de los hidrocarburos, en el porcentaje y los criterios que defina el Poder Ejecutivo”.
Otro tema que no convence es la figura jurídica del organismo. El proyecto de ley establece que se trata de una “administración autónoma con patrimonio propio”, conforme al artículo 191 de la Constitución, aunque este tipo de organismo no aparece mencionado en ninguna otra parte de la carta magna. “Los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todas las administraciones autónomas con patrimonio propio, cualquiera sea su naturaleza jurídica, publicarán periódicamente estados que reflejen claramente su vida financiera”, dice el mencionado artículo. Según Iturralde, esta definición es de “dudosa constitucionalidad”. Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, destacó la voluntad del Poder Ejecutivo de buscar políticas de Estado en esta área, pero sostuvo que, en los hechos, “si tiene autonomía es un ente autónomo o un servicio descentralizado”.
Radío también cuestionó que se quiera conformar un nuevo organismo. “Me parece absurdo que tengamos una institución petrolera y el día que tengamos petróleo tengamos que crear otra. Es cierto que ANCAP no tuvo una experiencia muy buena últimamente, pero no nos podemos dejar llevar por eso. En todo caso, debería ser al revés: hay otras actividades que habría que sacar de ANCAP”. En la misma línea se expresaron el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, e Iturralde: “Esto colide en competencias con ANCAP. Lo que deberían hacer es poner gente seria allí”, dijo este último.
El texto consta de unos 20 artículos y establece que el presupuesto del ONRH será de carácter anual y aprobado por el Ejecutivo, al igual que ocurre con los restantes entes “industriales y comerciales”. Determina que los funcionarios públicos de ANCAP que sean invitados al organismo podrán optar por permanecer allí o incorporarse al ONRH, dentro de un plazo de 90 días. La comunicación con el Poder Ejecutivo se llevará a cabo por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El borrador establece que los cometidos del ONRH serán “administrar integralmente los recursos y reservas hidroacuíferas de propiedad del Estado; promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidroacuíferos y contribuir a la seguridad energética nacional, en un marco de sustentabilidad ambiental, intergeneracional y de desarrollo sostenible”. Para tales fines, se declara el “derecho exclusivo” a favor del Estado para la exploración y explotación de estos recursos, y para “las expropiaciones que requiera el organismo para la instalación y funcionamiento de su infraestructura”.