La historia oficial de Airbnb dice que el proyectó arrancó en 2007, cuando dos emprendedores de San Francisco se preguntaron cómo podrían convertir en oportunidad de negocio su hábito de alojar turistas en una habitación que sobraba. Se les ocurrió armar una página web para contactar a los viajeros con particulares dispuestos a brindar alojamiento a cambio de un precio mucho menor que el de los hoteles, una oferta que resultó atractiva en medio de la recesión económica que atravesó Estados Unidos a fines de la década pasada.
Hoy, nueve años después, es una aplicación para celulares que opera en 34.000 ciudades del mundo y que, por medio de un porcentaje que se cobra a los turistas y a los anfitriones -entre 6% y 12% a los primeros, cerca de 3% a los segundos-, logró ingresos de 340 millones de dólares en el tercer cuatrimestre del año pasado. Como Uber y PedidosYa, la ecuación consiste en eliminar intermediarios para brindar servicios más baratos.
La idea no les pareció tan buena a, justamente, los intermediarios. “El tema empezó a estar sobre la mesa en reuniones del ministerio con el sector privado, tanto en el rubro de la hotelería como en la Cámara Uruguaya de Turismo”, dijo ayer a la diaria Liliam Kechichián, ministra de Turismo. “Cuando elaboramos la Ley de Turismo que se votó en 2014, ya había sido un motivo de reflexión, porque en ese momento las agencias de viaje virtuales vendían paquetes y cuando un turista hacía un reclamo no teníamos a quién dirigirnos, a diferencia de cuando se trata de una empresa registrada en el ministerio, en cuyo caso existe una garantía sobre la que podemos operar. No pasaba con frecuencia, pero pasaba. Entonces, en la Ley de Turismo incorporamos que los responsables eran los prestadores del servicio. Si esa agencia virtual había vendido el transporte Juancito y el hotel Pepito, los responsables eran esos. Cuando ese primer eslabón -las agencias- resultó afectado, todos deberían haber reaccionado, pero lo hacen ahora, cuando les llega a su sector”. Ante los reclamos de los empresarios, el Ministerio de Turismo (MT) y la Organización Mundial del Turismo propusieron un encuentro iberoamericano para tratar el tema, que comenzó ayer en el hotel Radisson y sigue hasta hoy.
Los ojos de duda se posaron sobre el término “economía colaborativa”, con el que se define hoy a las aplicaciones informáticas que conectan a un usuario con un proveedor de servicios, sin que medie un vínculo laboral formal. “Que la información avance en forma vertiginosa no quiere decir que las tecnologías nos acaparen y el derecho tenga que quedar de lado”, expuso el abogado Julio Facal, director del Estudio Yelpo & Facal y asesor de Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (ARHU). Para él, aplicaciones como Airbnb desregulan las actividades comerciales y debilitan la competitividad, y ejemplificó con el caso de Uber: los costos de las licencias, sumados a la adecuación de los autos y las tarifas topeadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, hacen que la llegada de una aplicación informática desestabilicen el mercado, entiende Facal, ya que, por ejemplo, a los agentes de viaje se les exige una garantía de 150.000 dólares ante el MT. La suma del alojamiento informal y la intervención informática es “letal”, sentenció el abogado, y dijo que además de los riesgos que corre el turismo hay una preocupación por la imagen del país: “No podemos dejar que cualquiera preste un servicio de hotelería”.
La ARHU advierte también sobre la autorregulación de las aplicaciones colaborativas: “El usuario califica con estrellas. ¿Eso es confiable? Ninguna calificación debe sustituir al contralor que tiene que hacer la autoridad competente”. Aunque el abogado considera que el Estado estaría en su derecho de prohibir esas aplicaciones, cree que ese debe ser un último recurso: “Tenemos que dar incentivos para que se pase a la actividad formal”.
El gobierno opina en la misma línea. “No somos prohibicionistas; por eso nos estamos desafiando en este intercambio, con el objetivo de ver cuáles son los caminos, para incorporarlos y que se adapten a la normativa respecto de los trabajadores en la actividad comercial. El sector del turismo se presta para la informalidad. Por eso, cuando alguien viene y atropella nuestras normas, reaccionamos”, dijo la ministra Kechichián, que impulsó el proyecto de ley de regulación de medios informáticos. Este establece multas y obligaciones, y la semana pasada ingresó a la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. Kechichián evita explicar los cambios en el turismo por una sola causa. Las cifras oficiales podrían apoyar la hipótesis del sector hotelero: en este período enero-febrero llegó un millón de turistas, 20% más que el año pasado (con un aumento de 35% de argentinos y un descenso de 20% de brasileños), pero, a pesar de la suba, los empresarios dijeron a las autoridades que el trabajo fue más o menos el mismo. “Eso se puede explicar con que la gente buscó alojamiento con estos métodos más informales”, opinó Kechichián.
Airbnb no tiene oficinas en Uruguay, pero, a diferencia de Uber, avisó antes de llegar. A fines de 2015 llegó un representante estadounidense radicado en San Pablo -donde está la oficina más cercana de la empresa- y se acercó al MT acompañado por un estudio jurídico local. “Fue una reunión cordial e interesante; mostraron interés en el Cono Sur de América y especialmente en Uruguay. Tenían todos los datos del crecimiento turístico del país”, cuenta la ministra. El vocero se comprometió a presentar una propuesta a los 15 días, pero el MT aún no la recibió. La noticia más reciente le llegó a Kechichián en el congreso de ayer, por medio de un jerarca del Ministerio de Turismo argentino: Airbnb se está instalando en Buenos Aires.
Operadores turísticos de varios países del mundo visitaron ayer el Radisson, y las posturas coincidían. Graciela Fresno, vicepresidenta de la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, dijo que no se puede tratar a las aplicaciones informáticas de alojamiento como si fueran particulares que ofrecen camas por solidaridad: “Estamos hablando de personas que ponen un bien a disposición de un turista a cambio de un precio”. Carlos Torres, empresario portugués y docente de la Escuela Superior de Hotelería y Turismo de ese país, alertó sobre la “uberización” del sector, un término que pegó entre sus colegas y se repitió en el resto de las exposiciones. Opinó que la economía colaborativa es “lo peor del capitalismo”, porque genera pérdida de empleos, y que las aplicaciones como Airbnb deberían operar sólo para cubrir las áreas donde no hay hoteles. Para él, eso sería un modelo verdaderamente “colaborativo”.