Todo gobierno puede y debe tomar las definiciones que entienda necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, puede estar convencido de qué es lo mejor y definir avanzar.
Pero un gobierno de izquierda gobierna para la gente y, sobre todo, con la gente. Dialoga sobre las acciones, intenta siempre convencer con argumentos, construye con las personas involucradas en la cotidiana de las cosas.
En este marco el traslado del Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón es una medida programática sobre la que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no tiene dudas; ha justificado varias veces las bondades de pasar el Cachón al edificio del instituto Artigas. Además, propone la elaboración de un nuevo plan de rehabilitación, menciona la capacitación de técnicos y la realización de obras de adecuación edilicia y del entorno.
Si bien es un proyecto, no hay por qué dudar de las buenas intenciones de nuestro gobierno. De todas maneras, llama la atención la forma en que han implementado estas definiciones, en particular lo que respecta a la ausencia de diálogo con las organizaciones y, sobre todo, con los usuarios del centro. Y es más llamativo aun porque la construcción de un proyecto de rehabilitación de estas características en nuestro país carece de masa crítica que facilite la elaboración del plan, y no se puede pensar que es posible resolverlo desde una oficina.
A esto se suma la falta de sistematización de los más de 50 años de experiencia. Un centro de rehabilitación, particularmente para personas ciegas o con baja visión, requiere mucho más que mejorar las instalaciones, requiere mucho más que agregar alguna línea de ómnibus; requiere comprensión del valor del centro para la población, porque lo que hace un centro de rehabilitación es devolverle la dignidad a la persona que perdió el sentido de la vista.
Esto no quiere decir que no haya experiencia ni referencias claras, pero reconocer las debilidades es algo que fortalece las estrategias.
Desde el gobierno es imprescindible contar con la opinión y participación de los usuarios y organizaciones sobre los servicios; no porque sepan cómo instrumentarlos, sino porque no se puede hacer política de discapacidad sin las personas con discapacidad. Primero, porque hace a la ética de nuestro gobierno, que apuesta a la cercanía y al diálogo social y, segundo, porque la rehabilitación de personas con discapacidad visual requiere de voces calificadas, que ensanchen la base de legitimidad de las transformaciones.
Ahora bien, todo lo anterior es materia discutible. Depende del lugar donde se escuche.
Lo que no tiene discusión es que ante la movilización de las personas que reivindican participar y ser parte de la construcción de las políticas la respuesta no puede ser la confrontación. No puede ser que la principal medida ante una ocupación sea el desalojo.
Así no se maneja un gobierno que surge de las luchas populares y se recuesta en la gente para avanzar. Un gobierno que, en el acierto o en el error, trabaja para la gente y sobre todo con la gente.
No puede ser que la estrategia sea el desgaste, la generación de expectativas de diálogo que luego no se concreta, pretendiendo dilatar la lucha.
Hay una famosa frase de un ex presidente de la República que se vanagloriaba con que nunca había perdido una huelga. Esa concepción de éxito expresa, justamente, nuestra idea de fracaso. Así no se trata a la gente que lucha convencida por querer ser parte. Así no se comporta un gobierno popular. Así no se resuelven los conflictos. Así no, compañeros.