La ley de inclusión financiera ya tiene dos años de promulgada y desde entonces ha habido varios avances en distintos ámbitos. Aquellos que al principio se mostraban más reticentes, hoy ya están más acostumbrados, y algunos se han familiarizado tanto con las tarjetas que tratan de prescindir del efectivo. Para estos, sin embargo, la ida a la feria todavía implica, como trámite previo, una pasada por el cajero.
¿Por qué aún no llegan los POS [los aparatos por los que se desliza la banda magnética de las tarjetas para efectuar la compra] a las ferias? Si bien, según Castellán, hay un tema “cultural” -ni la gente ni “los propios feriantes” reconocen a las ferias como comercios formales; de ahí la necesidad de la educación financiera-, el principal obstáculo al día de hoy tiene que ver con la formalización de los feriantes y de su actividad.
Los feriantes sostienen que en una reunión a principio de año Osimani manifestó que era prioritario empezar a coordinar “el tema de los pagos enfocado desde la seguridad”, tomando medidas similares a las que se están llevando adelante con los taxis y las estaciones de servicio. Sin embargo, sostiene que no se atiende a su efectiva inclusión financiera.
Para Castellán, al día de hoy los instrumentos de regularización disponibles “no alcanzan”. “El sistema tributario no se condice con nuestra realidad”, afirmó, y explicó que se necesitan “algunas normas más ajustadas a nuestras condiciones”. “No se trata de pagar menos, sino de ver cómo logramos formalizarnos para llegar a la ley”.
“Algunos de los feriantes son monotributistas, pero muchos no pueden serlo. La cantidad de ingresos se los permite, pero la de trabajadores a su cargo, no”, explicó Castellán, quien dijo que transmitieron esta “preocupación” al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y también a Osimani.
El sistema de monotributo grava actividades empresariales de reducida dimensión económica. Toma como contribuyentes a sujetos de emprendimientos de un integrante o de un máximo de dos socios, sin dependientes, o hasta tres, si se trata de empresas familiares. Los cálculos de la Asociación de Feriantes estiman que hay de tres a ocho personas trabajando en cada puesto.
Según Castellán, al día de hoy tan sólo 30% de los feriantes estaría en condiciones de implementar los procesos requeridos por la inclusión financiera, entre ellos, la aceptación de medios eléctronicos para el pago -para lo que deben estar registrados ante la Dirección General Impositiva y contar con un número de RUT- y el pago a través de dinero electrónico a sus empleados, para lo cual deben formalizarlos. Para remediar esta situación, una de las propuestas de la Asociación es la de instrumentar pagos por fictos, que implicarían hacer aportes por una escala de lo que cobran en realidad.
El próximo lunes 23, la Asociación de Feriantes participará de una reunión con la Intendencia de Montevideo y el Área de Defensa del Consumidor, dependiente de la Dirección de Comercio del MEF. Estiman que a partir de ese encuentro se pueda avanzar en el tema.