El viernes, el presidente Tabaré Vázquez tuvo una nueva reunión con representantes de todos los partidos políticos de oposición para acordar propuestas sobre seguridad. Uno de los que estuvieron presentes, el diputado nacionalista Pablo Abdala, dijo que en esta ocasión “hubo avances puntuales sobre algunos temas”, en particular, en lo que concierne a la implementación del nuevo Código de Proceso Penal.
Se acordó el articulado que consagra la determinación de los plazos. El 1º de febrero entrará en vigencia el nuevo Código y, seis meses más tarde, los cambios en torno a los juicios orales. Esto es porque “hay que darle un plazo a la Suprema Corte de Justicia para la implementación de esta segunda parte, que compromete recursos humanos”. La aplicación del nuevo Código gradualmente por departamentos quedó “descartada”, afirmó Abdala.
Como “novedad”, según Abdala, se coincidió en consagrar el asesoramiento y la defensa de las víctimas. El Estado se va a hacer cargo de la defensoría cuando la persona no tenga recursos, algo “muy importante”, para el diputado, ya que las víctimas son “los grandes olvidados”. Como al día de hoy no hay previsión sobre esto, estimó que “va a tomar tiempo y recursos”. Una de las opciones es realizar convenios con las universidades.
El capítulo de penas alternativas a la prisión fue uno de los que despertaron más discusiones. No hubo consenso sobre el proceso abreviado, que implica la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el fiscal y el imputado, con el fin de descongestionar los juzgados y agilizar los procesos.
En cuanto a la mediación extrajudicial entre fiscal e imputado, tampoco hubo acuerdo; se planteó que la mediación no sea extrajudicial, es decir, que no se haga en el Ministerio del Interior, sino en el ámbito judicial, que “da más garantías”, dijo Abdala.
Sobre la suspensión provisional del proceso, que prevé como delitos inexcarcelables aquellos de hasta cinco años de pena, la oposición observó que se puede acordar “si se aplica con delitos más leves”, algo que el gobierno aceptó “considerar”. Sí hubo coincidencia sobre el acuerdo reparatorio entre el imputado y la víctima.
Por otro lado, en cuanto al régimen que prevé “libertad vigilada” en vez de prisión para determinados delitos, el gobierno considera que debe ser para penas de hasta cinco años, y de vuelta la oposición manifestó sus dudas sobre el plazo mínimo, ya que según Abdala “puede entrar hasta un homicidio” y “no están dadas las condiciones de seguridad” como para hacerlo.
Tampoco hubo acuerdo en el principio de oportunidad, que ya está vigente y prevé que se pueda elegir no perseguir determinados delitos con penas de hasta dos años de prisión. “El gobierno lo quiere flexibilizar y llevarlo a cuatro, y a nosotros nos parece muy peligroso”, observó Abdala.