El debate fue ayer, en la Facultad de Ingeniería, organizado por el Foro de Gobernanza de Internet, un evento de diálogo promovido por Estados Unidos que desde 2006 se arma en varios países. Es el primero en Uruguay y cae en un mes movido en cuanto a la regulación de la web: el 25 de mayo entra en vigencia el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea que, entre otras disposiciones, incorpora el llamado “derecho al olvido”, que habilita a los ciudadanos a reclamar que se suprima de las bases de datos la información sobre su persona que consideren no relevante o perjudicial. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, dijo que ese derecho es un retroceso: “Habilita a una persona pobre que maltrataron a borrar parte de su historia, pero en ese borrar se puede incluir a los corruptos y a los torturadores”, dijo, y Mónica Nieves, investigadora y docente en relaciones internacionales de la Facultad de Derecho, manifestó no estar de acuerdo. Fue la menos intensa de las polémicas que estuvieron sobre la mesa.
Para Gómez, ley y regulación son dos conceptos que hay que separar, porque, si bien no hay una ley específica sobre internet, “existe regulación aplicable a cualquier plataforma”. Mencionó el caso de los procesamientos por distribución de pornografía infantil, en el marco de la ley sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Además, señaló, hay regulaciones de los proveedores e intermediarios privados, como Google, que son “quienes filtran, quienes ordenan, quienes revisan los contenidos que le llegan al usuario”. Laura Nahabetián, del área de Ciudadanía Digital de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, estuvo de acuerdo con que las políticas públicas tienen que centrarse en los derechos individuales de los usuarios.
Otro disparador de discordia fue el proyecto de ley sobre aplicaciones informáticas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y que se está debatiendo en la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados. Rodrigo Goñi, legislador del Partido Nacional y presidente de la comisión, dijo que el “proyecto Uber” está equivocado en su forma y contenido. “Todas las delegaciones que pasaron por la Cámara de Diputados, excepto la unión de taxis [la patronal], dijeron que era un proyecto equivocado con un potencial dañino enorme. Si creemos que con este proyecto vamos a correr a Uber o a alguna multinacional, estamos totalmente fantasiosos; vamos a afectar a los pequeños principiantes y emprendedores uruguayos”, lamentó. Criticó en particular el artículo 3º, que dice que una empresa informática que ofrece servicios debe ser considerada como si fuera del rubro del producto final (PedidosYa sería de gastronomía y Uber, de transporte), y el 9º, que habilita al Banco Central a bloquear las transacciones de las empresas que incumplan las reglas. Sobre lo primero, preguntó: “Si alguien compra empanadas por internet, ¿Antel tiene que tener habilitación de bromatología?”; sobre lo segundo, criticó que no haya garantías, procesos previos o derecho a la defensa.
Fernando Vargas, asesor legal de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, también argumentó en contra: “Si alguien presta un servicio o vende un producto, independientemente de que lo haga en internet o no, debería tener la misma regulación que el resto. Si esos servicios emplean algún tipo de aplicaciones, que las aplicaciones respondan por la aplicación y no por los servicios o productos. Una empresa de tecnología debería ser responsable por lo que hace en tecnología”.
Por su parte, Mónica Nieves, docente e investigadora en relaciones internacionales de Facultad de Derecho de la Universidad de la República, habló de las dificultades de pensar legislaciones para internet, un terreno donde se cruza el derecho internacional público con el privado. “Uno de los elementos más importantes del derecho internacional es la soberanía, que en internet se ha puesto en jaque”.
También surgió el tema de la propiedad intelectual, otro asunto candente en el Parlamento por la discusión sobre la reforma de la Ley de Derecho de Autor, que tiene media sanción del Senado y comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados. Goñi afirmó que la ley actual, de 1935, fue pensada “para la época de los átomos y no para la época de los bits”. “Para la DGI [Dirección General Impositiva], los libros digitales no son libros, o sea, el mismo tratamiento de exoneración que tienen en papel no se aplica a los digitales [...] porque entiende que no están publicados. Ese es el tipo de cosas que hay que corregir desde el punto de vista jurídico”.