Se realizó ayer en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) un debate sobre el proyecto de reproducción de obras intelectuales y artísticas que modifica la Ley de Derechos de Autor, introduciendo excepciones y limitaciones para fines educativos, de investigación y para las bibliotecas. El proyecto de ley, presentado por legisladores del Frente Amplio, ya fue aprobado por la Comisión de Educación y Cultura del Senado. La discusión, organizada por la Udelar, comenzó en la mañana y culminó sobre las 18.00 con una ronda de conclusiones. Previo a las exposiciones finales, que fueron más mesuradas, el intercambio había subido de tono, tras la intervención de Hugo Di Carlo, de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU) y, desde el público, la del cineasta Mario Handler, ambos contrarios al proyecto. Di Carlo sostuvo que en el mundo “no hay dos opiniones: o la copia privada está prohibida o se establece un canon compensatorio en favor de los autores”. Por eso no comparte el numeral 15 del texto, que legitima “la reproducción hecha por cualquier medio, sin autorización del autor o titular, de una obra o prestación protegida, ordenada y obtenida por una persona física, en un solo ejemplar para su uso personal y sin fines de lucro”. También cuestionó que se establezca una “pena que pueda llegar a ser administrativa”. “Acá está en juego el derecho de la propiedad intelectual y su lugar dentro del derecho de propiedad. Si alguien roba un auto o se mete en tu casa, tiene una pena. ¿Por qué no va a tener una pena alguien que se apropia de la creación de un autor”, agregó, y mencionó el caso de Argentina, donde la pena es “de un mes a seis años” de prisión. Di Carlo fue muy duro: “Aparecen otros jugadores que se pliegan a los estudiantes, por la noble causa de tener acceso al estudio. Esto es como cuando sale campeón Nacional o Peñarol, que van los hinchas buenos a festejar por 18 de Julio, pero aparecen los revoltosos a romper los vidrios y llevarse las cosas. Eso es lo que pasa con algunos movimientos. Es el imperialismo yanqui y están financiados por Google, y se las dan de venir a hablar en contra de los derechos de autor”.
Tras una pausa, los ponentes presentaron sus conclusiones, apostando al diálogo para llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que se le deben hacer al proyecto. Vale recordar que fue el PIT-CNT el que convocó al primero de estos ámbitos de intercambio. Juan Antonio Villamil, del Consejo de Derechos de Autor, consideró que esta es la ley de derechos de autor que puede tener el país, que es “el primer partido de todo un campeonato que hay que jugar”, y advirtió que no se puede hacer una “traslación” mecánica de normativas de otras naciones. Dijo que hay que cuidarse de no caer como “rehenes de una puja que se está dando a nivel mundial” entre los “GAFA” (Google, Apple, Facebook y Amazon) -apoyadas en las nuevas tecnologías- y el “viejo modelo que cruje y trata de buscar un lugar”. Diego Drexler, también de AGADU, dijo que hay que “seguir trabajando” en reuniones en las que espera “llegar a un entendimiento”, y celebrarlo con un recital frente a la Udelar bajo la consigna: “Autores y estudiantes, unidos y adelante”. Hablando por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Marcio Mañana aclaró que a su organización “no le cabe que nadie le venga a decir que se marea con el imperialismo yanqui”, y que van a “seguir trabajando para conseguir la mayor cantidad de aliados para llevar adelante” sus luchas. “Seguimos apostando al equilibrio que hoy no se encuentra. Los estudiantes somos la parte más vulnerada en esta relación entre el derecho de autor y el derecho a estudiar. Creemos en seguir discutiendo en este ámbito e incluir a nuevos actores, como la Udelar”, concluyó.
Patricia Díaz, de Creative Commons, rescató “el concepto de sistema autoral”, porque “la ley no regula sólo los derechos de los autores, genera un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrios que hay que resguardar. Regula la situación de los autores, intermediarios y usuarios de la cultura”. Agregó que según distintos marcos normativos internacionales, “la propiedad intelectual es un producto social y tiene una función social”, algo que “no hay que perder de vista”, y consideró que esta ley “lo único que hace es legitimar derechos individuales que ni siquiera sabíamos que no estaban legitimados”. “No pasa nada hasta que pasa. A nadie se le ocurrió pensar que el préstamo público de libros era ilegal”, expresó, y mencionó que como consecuencia del cobro de un canon en España cerraron “las bibliotecas más pobres”. Rosario Nogués, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, afirmó que apoyan la reforma porque “es mucho mejor” que la actual normativa, reconoció que el proyecto “es perfectible” y expresó su apoyo a las excepciones y limitaciones “para lograr el equilibrio”. Jorge Saracini, de la Cámara Uruguaya del Libro, cuestionó la redacción del proyecto como “no muy feliz”, defendió que “un autor tiene derecho a hacer lo que quiera con su obra” y, sobre las excepciones en materia educativa, se preguntó, a modo de ejemplo, qué pasaría con una editorial que se dedicara a publicar exclusivamente libros educativos.
Sobre el cierre, Salvador García, de la Red de Sellos Independientes, dijo: “Estamos parados en un nuevo paradigma de la producción y el consumo cultural, y el viejo paradigma es complementario hasta que se avanza hacia el otro”. Defendió colocar sus creaciones al acceso de todos los usuarios y dijo que están “buscando” y van a “encontrar un modelo de negocios”.