Por segunda vez en lo que va del gobierno de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo con el PIT-CNT y las cámaras empresariales para de alguna forma suspender la queja que los empresarios presentaron en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de las observaciones que esta organización le hizo a la Ley de Negociación Colectiva.
El acuerdo se firmó ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con la presencia del ministro Ernesto Murro, las autoridades de la central sindical, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, y los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Washington Corallo, y de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera. La queja había sido realizada en 2009 por ambas cámaras, y recibió en 2010 la respuesta del Comité de Libertad Sindical de la OIT, con siete recomendaciones que, entre otros aspectos, apuntan a que se respete el principio de que las partes deben ser responsables ante violaciones del derecho de reserva de las informaciones que se intercambien en la negociación colectiva; que se reduzca el número de representantes estatales en el Consejo Superior Tripartito (algo que ya fue modificado); que la aplicación o no de la ultractividad de un convenio (la vigencia de este hasta que sea sustituido por otro y no hasta su fin) sea de común acuerdo entre las partes, y que la fijación de los salarios mínimos pueda ser objeto de decisiones tripartitas. Además, se sostiene que durante el ejercicio del derecho de huelga y la eventual ocupación se debe respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a las instalaciones.
Un acuerdo similar fue firmada hace 14 meses, poco después de que asumió el gobierno. En esa oportunidad ambas cámaras solicitaron la “no inclusión” de su queja “en la lista a considerar por la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferencia Internacional del Trabajo” que se celebró en junio de 2015, mientras se buscaba una solución entre las partes a las recomendaciones de la OIT. Esta vez el acuerdo fue similar, aunque se pusieron otros temas arriba de la mesa de negociación: entre el 1º de junio y el 31 de diciembre se discutirán las observaciones de la OIT y se agregará, a pedido de las cámaras empresariales, la discusión del Convenio Internacional de Trabajo Nº 158 (que inhabilita los despidos injustificados). En tanto, el PIT-CNT pidió discutir los artículos 4 y 21 de la Ley de Negociación Colectiva (el primero establece la “buena fe” de la negociación y el segundo enumera casos por los que puede rescindirse un convenio).
Pereira dijo que la central “no está dispuesta a ceder en los derechos de los trabajadores”. Abdala prometió poner “toda la creatividad en busca de llegar a acuerdos, pero no será fácil”. “Esto se negocia como un paquete: o se llega a un acuerdo de carácter integral, o quizá no volvamos a participar en conversaciones de este tipo, porque queremos construir y no estar permanentemente mirando hacia atrás. En ese caso, el sector empleador estará con las manos libres, pero los trabajadores también”.
En tanto, Perera dijo que presentaron la queja porque se sintieron obligados al no llegar a un entendimiento. “Hoy la que obliga a corregir la ley es la OIT”, recordó. Por su parte, Corallo agregó que hubo “reparos de muchas cámaras a la hora de firmar este convenio”, aunque “preferimos dialogar antes que tirar una piedra”. “Hoy se abre una segunda puerta y vamos por un todo. Esto tiene que ser una solución integral: las medias son sólo para los zapatos”, expresó.
Unas horas menos
Durante el encuentro, Corallo le entregó a Murro una propuesta de la CIU para asegurar el empleo en los lugares de trabajo que se encuentran en “circunstancias difíciles” respecto de las condiciones del mercado. La idea, expresó, es que se pueda “pactar una jornada diferencial en aquellos sectores que puedan hacerlo”, partiendo de la base de que “en lugar de trabajar toda la semana, se trabaje de lunes a jueves y el viernes se pueda aprovechar para hacer capacitación, por intermedio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional o de otros organismos”. Corallo explicó que la paga corresponderá a las horas trabajadas. “Hay una reducción [salarial], pero es mejor que estar en su casa cuatro o seis meses, dudando de si habrá trabajo luego. La empresa no pierde el personal que capacitó, el Estado no tiene que pagar el seguro de paro, los ingresos que tiene el Estado por concepto de Banco de Previsión Social o de aportes patronales y obreros siguen siendo los mismos”, dijo. La aplicación no requerirá una ley.
Abdala saludó la iniciativa y dijo que se trata de una propuesta que es de “negociación colectiva”. “Es importante desde el punto de vista del empleo y también de las organizaciones sindicales. No como un principio general, pero sí como una herramienta concreta que permite que los trabajadores no queden desvinculados de la empresa”, sostuvo.