Las políticas de comunicación en Argentina bajo gobiernos “progresistas”: auge, esplendor y fracaso de la democratización de los medios

Editar

El gobierno de Mauricio Macri no cumplió aún 150 días. Resultan habituales las discusiones y los debates en torno a la política económica y social, en los que se observa una profunda división entre defensores del kirchnerismo y partidarios del nuevo gobierno. Sin embargo, hay un sector en el que los cambios han sido radicales sin que la sociedad se haya hecho eco de ellos: las políticas de comunicación. Luego de la asunción de Macri, el 10 de diciembre de 2015, una serie de medidas, varias al límite de la legalidad, implicaron un giro de 180 grados en la regulación del sector audiovisual. Casi no hubo debate público, el Congreso de la Nación consintió los cambios en una sesión de la que no se supo el resultado de la votación ni quiénes votaron a favor o en contra. Con la nueva regulación, se eliminaron varios límites a la concentración de la propiedad, la televisión por cable dejó de estar sujeta a la ley audiovisual (se la pasó a considerar dentro del sector de las telecomunicaciones), y se reformularon las autoridades de aplicación: estas quedaron vinculadas directamente al gobierno y se eliminaron instancias de participación de la sociedad civil.

Cabe preguntarse cómo ha sido posible semejante transformación en tan poco tiempo. Si la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) fue uno de los emblemas de la gestión de Cristina Fernández, los hechos parecen demostrar que tenía pies de barro. Para entender la situación, resulta conveniente repasar las políticas de comunicación de la etapa kirchnerista.

Durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) se mantuvo el modelo privatista comercial. Si bien la comunicación política del gobierno registraba algunos debates en torno a lo publicado por los grandes medios, especialmente el diario La Nación, durante este período se prorrogaron las licencias y se facilitaron procesos de concentración. El movimiento social comenzó a solidificar una propuesta de nueva política, al lanzar la Coalición por una Radiodifusión Democrática (CRD); el eco en el gobierno fue menor.

Poco tiempo después de haber asumido Fernández, se desató un enfrentamiento público entre el gobierno y el grupo Clarín, que el conflicto en torno a las retenciones agrarias contribuyó a amplificar. Una de las medidas que la nueva mandataria dispuso fue poner en discusión la necesidad de aprobar una nueva ley de radiodifusión, y para ello tomó como referencia las propuestas elevadas por la CRD.

En octubre de 2009, el Congreso Nacional aprobó la LSCA para los servicios de radio, televisión abierta y de pago. La nueva regulación estableció la comunicación como un derecho social y reconoció tres tipos de prestatarios de los servicios: el Estado, los privados comerciales y los privados sin fines de lucro. Para este último sector reserva 33% del espectro, siguiendo el modelo uruguayo. La ley generó un marco institucional que permitía la participación de las minorías parlamentarias en la autoridad de aplicación y en el directorio de los medios públicos. También elevó los límites anticoncentración y reivindicaba una política de producción de contenidos a nivel nacional. La LSCA respetaba los estándares internacionales de libertad de expresión, y contó con amplio apoyo político y social de diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, universitarias, artísticas y de comunidades de pueblos originarios.

La oposición de los medios privados a la ley fue significativa, y el grupo Clarín (principal multimedio del país) consiguió bloquear judicialmente la aplicación de algunos artículos. Recién en 2013, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, la ley fue declarada plenamente constitucional. El dictamen de la Corte es muy significativo, porque sienta jurisprudencia del más alto nivel sobre el concepto de libertad de expresión. El fallo considera sus dos dimensiones: una de carácter individual, basada en el derecho personal a hacer públicas las ideas, de la que derivan derechos patrimoniales, y otra de carácter social o colectivo, basada en asegurar al conjunto de la población el derecho a ejercer su libertad de expresión.

Luego del fallo de la Corte, el gobierno tuvo las manos libres para llevar adelante el proceso de aplicación de la ley, con el objetivo de alcanzar una mayor democratización de los medios. Sin embargo, algunas prácticas en el sentido contrario, que comenzaron a vislumbrarse en 2010, se profundizaron. El gobierno de Fernández no mostró la misma voluntad democrática para aplicar la ley: se concentró en una estéril pelea con el grupo Clarín, no llamó a concurso para los medios comunitarios, no realizó un plan técnico de frecuencias, utilizó los medios de propiedad estatal para su provecho y cooptó las autoridades regulatorias con una lógica de política partidaria. Estas prácticas hicieron que el consenso sobre la LSCA disminuyera y que, luego de cinco años de sancionada la ley, la sociedad observara pocos cambios estructurales. Mientras tanto, el macrismo y los grandes medios insistían en que el único objetivo de la LSCA era controlar la prensa. Con el cambio de gobierno a fines de 2015, la ley sufrió cambios tan importantes que han transformado su sentido, tal como fue reseñado en el inicio.

La experiencia argentina resulta sumamente interesante en su esplendor y en su fracaso. Niveles de debate social nunca vistos, interés del Estado en sus tres poderes, fallos del poder judicial que sustentan visiones progresistas de la comunicación y una movilización social sobre la importancia de democratizar la comunicación realzan una iniciativa que supo ser ejemplar en América Latina. Su aplicación desde una perspectiva político-partidaria nos enseña la importancia de la construcción colectiva más allá de la coyuntura política de un gobierno. En Argentina, al menos, repetir la experiencia llevará años.