Siete meses después de que Uber comenzara a trabajar en Uruguay, y tras varios encontronazos callejeros con integrantes del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), algunos con desenlace en comisarías, los reclamos de “la familia del taxi” llegaron a la Justicia. El lunes 9, la gremial presentó un recurso de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que venía con un reclamo doble a la Intendencia de Montevideo (IM): por un lado, que apruebe reglamentaciones sobre el transporte oneroso de pasajeros; por otro, que aumente las fiscalizaciones en las calles, según comentó a la diaria una fuente municipal. La comuna hizo sus descargos el martes, y ayer se celebró la audiencia, a cargo de la jueza de Primer Turno, Isabel Vaccaro.
Fue Óscar Dourado, presidente de CPATU, quien habló en representación de la patronal; según informó el sitio web de El Observador, planteó que la IM abandonó la función de control, y mencionó el caso del taxista que el 25 de abril increpó a un conductor de Uber al grito de “me estás robando el trabajo”, lo arrinconó en el barrio Carrasco junto con otros taxis y le impidió el paso. Dourado dijo ayer que CPATU le hizo llegar los datos de ese conductor de Uber y los de algunos otros a la IM para que aplicara sanciones, pero no obtuvo respuesta.
Por parte de la IM comparecieron los directores Pablo Ferrer, de Tránsito, Beatriz Tobacco, de Movilidad, y Máximo Oleaurre, de Transporte. La exposición del trío apuntaba a que los dos reclamos de CPATU no tenían lugar porque, por un lado, la normativa de Montevideo ya contempla la prohibición de transporte de pasajeros sin permisos y, por otro, la IM está aplicando multas: según dijo Ferrer, en estos siete meses se aplicaron 16 multas, aunque resulta difícil constatar si se trata de coches de Uber. Al final, la jueza desestimó el recurso, pero no por razones de contenido, sino de forma: el plazo para presentar ese tipo de acciones vence 30 días después de iniciada la actividad comercial de la parte denunciada, por lo que la gremial del taxi habría llegado seis meses tarde.
CPATU también prepara una demanda civil a la IM por 300 millones de dólares, que surgen de la suma de los 100.000 dólares de matrícula que cada uno de los 3.150 socios invirtieron para ingresar a un mercado regulado que, según entienden, ya no existe.