La Junta Departamental de Paysandú votó el jueves por unanimidad el decreto “Obligatoriedad de etiquetado de alimentos transgénicos”, que establece que “los alimentos compuestos por organismos genéticamente modificados o que contengan ingredientes producidos a partir de estos, que superen el 1% de material genéticamente modificado respecto al organismo considerado” deberán lucir en su rotulación la frase “Este producto contiene organismos modificados genéticamente”.
El proyecto se había tratado en la Comisión de Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental sanducera, donde tuvo el aval de los ediles de los tres partidos. Marcelo Fagúndez, integrante de la organización Grupo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, es edil suplente y fue uno de los que propusieron el texto. En diálogo con la diaria, contó que el puntapié inicial para trabajar en el proyecto fue una charla de Claudio Martínez Debat y Pablo Galeano, docentes de la Universidad de la República que integran el colectivo Cultivos Transgénicos en Uruguay. Por eso el proyecto sigue la redacción del decreto de obligatoriedad de etiquetar los alimentos transgénicos aprobado en Montevideo y en Lavalleja.
La justificación se apoya en el derecho de los consumidores a conocer lo que consumen, sin entrar en la valoración de si es bueno o malo un alimento transgénico, aclaró Fagúndez. “Lo vemos como el tercer mojón en una ruta que nos conduce al etiquetado transgénico a nivel nacional”, expresó Fagúndez, quien comentó que de esa forma Uruguay haría algo que se está haciendo en Brasil y en otros 60 países. El decreto fue enviado al Ejecutivo sanducero para que lo promulgue.
Teoría y práctica
Si bien el requisito de rotular los alimentos con componentes transgénicos fue aprobado en Montevideo y en Lavalleja, no está siendo aplicado en ninguno de los dos departamentos, por diferentes motivos.
En cuanto asumieron, las actuales autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) pusieron en cuestión el decreto aprobado por sus antecesores, en 2013, por entender que tal vez la comuna estaba decidiendo sobre una cuestión que era de competencia nacional. La división Jurídica de la IM y el Gabinete Nacional de Bioseguridad confirmaron que el tema era de resorte departamental. Entonces la IM anunció que cambiaría el diseño de la etiqueta -un triángulo amarillo con una letra T en el centro, como es en Brasil-, porque podía llevar a pensar a los consumidores que se trataba de un alimento nocivo, y anunció que se haría un llamado a concurso para definir la nueva etiqueta.
Eso fue en setiembre de 2015. La IM continuó haciendo los análisis de alimentos y bebidas que circulan en la capital -se hacen en el Laboratorio de Bromatología de la IM, en conjunto con el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República-, pero no se aplican multas y los productos que habían llevado la etiqueta dejaron de lucirla.
Consultada al respecto por la diaria, Analice Berón, directora de Salud de la IM, explicó: “Estamos reuniéndonos con el Ministerio de Salud Pública [MSP] y viendo con ellos el encare de la etiqueta”. Al preguntarle por el llamado a concurso, confirmó que “ese va a ser el camino que tomemos”, luego del tratamiento del tema junto con el MSP. La resolución no parece que vaya a ser inmediata.
En Lavalleja el decreto fue aprobado hace seis meses, pero sigue sin aplicarse. Allí el texto habla de un rótulo idéntico al que definió Paysandú, pero el problema radica en que la intendencia no tiene forma de controlar su aplicación. Juan Carlos Falchetti, director de Higiene de Lavalleja, explicó a la diaria que la intendenta Adriana Peña todavía no se ha decidido a hacer cumplir el decreto porque los laboratorios no están en condiciones de realizar ese tipo de análisis y tampoco cuentan con presupuesto para ello. Apuntó a que pueda crearse una tasa única de bromatología a nivel nacional; “es la única esperanza que tenemos”, comentó, tras indicar que si esta existiera, habría “rubros genuinos” para los controles.