En su comparecencia el pasado 4 de mayo ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja, el presidente del SUNTMA, José Franco, denunció que en el sector se usa un mecanismo consistente en “la suplantación sistemática de personal sindicalizado por personal no sindicalizado”, algo que para el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, integrante de la comisión, configura “hostigamiento sindical”.
“Cuando se toma personal no sindicalizado [...] no se respetan los laudos ni las decisiones tomadas en ámbitos tripartitos, como los Consejos de Salarios”, aseguró Franco, y explicó que la situación afecta al personal subalterno, pero también a la oficialidad, tanto de máquinas como de puente.
El problema es viejo. En 1986, Juan Carlos López Mena, dueño de Buquebus, despidió a una flota completa de tripulantes de su barco al enterarse de su afiliación al sindicato. El secretario general del SUNTMA, Francisco Amaro, recuerda cómo “ un escuadrón de fusileros navales” los bajó del barco “a punta de bayoneta”.
Guillermo Moreira, representante del SUNTMA de la filial Colonia, sostiene que López Mena, “no permite” que los trabajadores se sindicalicen, y si lo hacen son penalizados “quitándoles turnos”. El dirigente sostuvo que desde la última reunión “los problemas no han cesado; es más: se han incrementado”. También indicó que en los últimos tiempos ha aumentado la discriminación contra los afiliados al sindicato. Como ejemplo, mencionó que de los 40 tripulantes tomados por Buquebus en la última Semana de Turismo, “ninguno pertenecía al SUNTMA”.
Amaro reconoció que la empresa está usando el “derecho negativo” de la Ley 17.940 (de Libertad Sindical), pero, a su entender, “se pasan de la raya”. “Por lo menos 50% de la tripulación debería estar sindicalizada. Sin embargo, en algunas empresas no hay ni siquiera una persona sindicalizada”, afirmó.
Para Franco, el tema de la desregulación se remonta a la salida de la dictadura, cuando “la marina mercante en nuestro país ya venía en total retroceso”. Según el sindicalista, la desregulación impuesta por los grandes pools de fletes a nivel internacional “nos terminó de liquidar”. “Desde los años 60 tenemos legislada toda una reglamentación en torno al trabajo a bordo de los barcos, pero todo eso se ha perdido a raíz de la famosa desregulación”, explicó.
Por otro lado, en Buquebus hay, paralelo al Suntma, un “sindicato amarillo”: la Unión de Trabajadores del Transporte Marítimo, Terrestre y Afines. Según Puig, el sindicato paralelo “lejos de defender los derechos de los trabajadores, defiende los de la empresa y es beneficiado por ésta en la medida en que los trabajadores se van afiliando a esa organización”. Se trata de un sistema de “presión y favoritismo”, según el legislador. “Actúan como si existiera organización sindical, pero no cumplen ningún requisito”, agregó.
Si bien la empresa fue convocada en reiteradas oportunidades a comparecer ante la comisión, Puig aclaró que no respondió a los llamados, excepto con la presencia de un abogado “que mandaron hace unos pocos meses y dijo que era una empresa modelo y que respeta los derechos de los trabajadores. Sólo le faltó decir que los Reyes Magos existen”, ironizó.
Otro representante del SUNTMA Colonia, Yovani Reyes, sostuvo que si bien hacía mucho tiempo que no se firmaba un convenio, el año pasado se pudo acordar con Buquebus por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Al día de hoy, sin embargo, “80% [de lo acordado] no se cumple”.
Hechas las denuncias por los trabajadores, una delegación de la comisión concurrirá a Colonia para tratar con representantes de la empresa.
El barco más lento
Consultado sobre la situación del Eladia Isabel, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, dijo que no tenían noticias llegadas directamente de la empresa, aunque conocían la situación por la prensa. Díaz dijo que es normal que un barco pare por reparaciones, y agregó que la autoridad marítima otorga la línea a la empresa, y no a un barco determinado, por lo que no sería necesaria la autorización para dejar de usar una nave.
La empresa, por su parte, indicó que la ruta no está suspendida, sino que la cubren otros dos barcos -Silvia Ana L (de igual capacidad que el Eladia Isabel: 1.200 pasajeros) y Atlantic III (la mitad de capacidad)-, y no hizo declaraciones sobre el retorno del titular original.
Gastón Cedrés, dirigente del SUNTMA, dijo que Buquebus comunicó a los trabajadores que el barco volvería “para el verano” y que por lo menos “hasta setiembre u octubre” no iba a estar disponible para su uso. Hay 23 trabajadores que fueron advertidos del envío a seguro de paro y otros 18 que se hallan en situación de inestabilidad. El sindicato propuso a la empresa una fórmula de cuatro guardias -lo que redundaría en menos costos-, pero ésta no accedió. La Dirección Nacional del Trabajo laudará el jueves, después de otorgar a la empresa una prórroga de una semana.
No es sólo privado
Los trabajadores también denunciaron la falta de regulación en el ámbito público. Según el secretario general del SUNTMA, “en estos dos últimos meses llegaron al Puerto de Montevideo cinco embarcaciones tipo tender -que son las que asisten a la plataforma que está haciendo la perforación en busca de hidrocarburos-, y ninguna de ellas cuenta ni siquiera con un tripulante de nacionalidad uruguaya, a pesar de que están operando dentro de nuestra soberanía”. Entienden que el hecho muestra que hay “intencionalidad” en no contratar personal local.
Otro caso presentado por el presidente del SUNTMA, José Franco, tiene que ver con el dragado que lleva adelante la ANP. “Hemos hecho propuestas concretas a la ANP en cuanto a que en el llamado a licitación se pusiera alguna cláusula por la que se privilegiara el reclutamiento de tripulaciones uruguayas a los efectos de la concesión”, pero “esto tampoco fue tenido en cuenta”. Los trabajadores solicitan específicamente a los legisladores “los proyectos de ley para cambiar el estado de situación”.