La Cámara de Diputados dio sanción definitiva por 81 votos en 83 al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a asumir los intereses generados por “los créditos o préstamos que se otorgaren por las instituciones de intermediación financiera de plaza a las empresas lácteas exportadoras” Calcar, Claldy, Conaprole y Pili, durante un período que “no podrá superar los tres años”. El texto establece además que dicho costo no podrá superar “el equivalente a una tasa de 4,5% en dólares” sobre un monto máximo de crédito de 66 millones de dólares, “correspondiente al saldo impago por Corpovex” a esas empresas lácteas “por exportaciones efectuadas entre el 29 de setiembre de 2015 y el 23 de noviembre de 2015 en el marco del Memorándum de Entendimiento de fecha 6 y 7 de julio de 2015”, celebrado entre Uruguay y Venezuela. El costo será de cargo de Rentas Generales.
El acuerdo entre ambos países establecía la creación de un fideicomiso en el banco Bandes Uruguay, en donde las empresas locales debían cobrar sus exportaciones a Venezuela. Pero la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) -la empresa del Estado venezolano que concentra la compra de bienes en el exterior- no cumplió con los pagos, según el escueto informe de la Comisión de Hacienda de Diputados que aprobó por unanimidad la norma, ya votada favorablemente por el Senado.
Después de que la diputada del Frente Amplio (FA) Lilián Galán (Movimiento de Participación Popular-MPP) brindó el informe, se produjo un debate en el que legisladores del Partido Nacional (PN), del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente (PI) aclararon que votaban el proyecto como “un mal necesario”.
El diputado del PN, Alejo Umpiérrez (Todos) recordó que la oposición todavía carece “de una repuesta confiable de por qué” el dinero que llegó al fideicomiso desde Venezuela “fue a parar a China vía el Bandes en Montevideo” y que el atraso en los pagos desde ese país generó problemas en las empresas exportadoras. “Recurrimos a un préstamo puente que no soluciona el tema de fondo de las empresas lecheras y que después deberán pagar los productores si Venezuela no paga. Acá no hay ningún regalo”, agregó Umpiérrez. Galán volvió a intervenir aclarando que Venezuela compra lácteos a Uruguay desde hace 30 años y que los productores prefieren continuar vendiendo a ese país “por más que puede ser un riesgo, porque obtienen una mayor rentabilidad”. Algunos legisladores del FA manejaron que Venezuela paga un 53% por encima de mercados como los de Oceanía. Conrado Rodríguez (PC-Espacio Abierto) dijo que votaba la iniciativa porque “es un mal necesario” y la calificó como “un parche” a la situación que vive el sector lechero. El diputado Alfredo Asti (FA-Asamblea Uruguay) expresó que “el problema del sector es la caída de los precios internacionales, y no Venezuela, que seguía pagando los altos precios de siempre y por el interés de los productores se hizo un fideicomiso”.
Por el PI, Iván Posada también dio su voto favorable, pero dijo que el proyecto es “asumir los costos de lo que fue un error”, en referencia a la creación del fideicomiso. Graciela Bianchi (PN-Todos) fundamentó su voto diciendo que había “levantado la mano” pero no por disciplina partidaria, porque en su partido “no hay”. “A mí nadie me obliga, últimamente estamos dudando de votar ciertos proyectos de ley […]. Se llevaron puesto el Estado y todavía se ríen y gritan. Esto ya no es ni por doña María ni por don José, es por doña Graciela”, expresó.