El Poder Legislativo aprobó en diciembre de 2014 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) que, como toda ley que no ha sido derogada, está vigente. Sin embargo, no se aplica ni se ha reglamentado. Por este motivo, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) -que nuclea a organizaciones sociales, sindicales y académicas- y la Asociación de Productores y Realizadores de Cine de Uruguay (Asoprod) solicitaron ayer al gobierno, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que la reglamente.
En su última declaración pública sobre el tema, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo que el Ejecutivo aguardará otros fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la norma para proceder a la reglamentación. La CCD entiende que, con las sentencias emitidas hasta el momento, y “en vista de que la conformación de la Suprema Corte no va a cambiar, podemos pensar que ya han quedado firmes y declarados como constitucionales diversos aspectos de la ley que consideramos muy importantes”.
“Ha sido declarada constitucional la creación y competencias del Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano responsable de la aplicación de la ley, como así también parte de los artículos referidos a la exigencia de mínimos de producción audiovisual nacional; los artículos referidos a la protección de niños, niñas y adolescentes y las reglas de ‘must carry’ para los servicios de televisión abierta. Hasta ahora, en una ley de 200 artículos y cuando la Corte se ha expedido en dos sentencias que cuestionaban cerca de 30, sólo han sido declarados inconstitucionales dos de ellos y tres incisos”, señala la coalición. Por lo tanto, reclama que se apliquen los artículos que no han sido cuestionados. Anunciaron que elevarán una solicitud al Poder Ejecutivo para que reglamente la ley y designe al CCA, y otra al vicepresidente Raúl Sendic para que la Asamblea General designe a los miembros del CCA. Las organizaciones se amparan en el artículo 30 de la Constitución, que establece el derecho de petición de cualquier ciudadano ante las autoridades.
Ayer de mañana, en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa con la presentación del segundo “monitoreo de amenazas” a la libertad de expresión en Uruguay, realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) con el apoyo de APU. Pero antes hubo tiempo para hablar sobre la libertad de expresión y la normativa que la ampara.
Álvaro Padrón, de la fundación alemana Fesur, remarcó que hay una “agenda pendiente” en materia de democratización de medios en Uruguay y que es “necesario y urgente” aplicar la ley SCA. “No es un tema jurídico ni tecnológico, tiene que haber voluntad política. En Brasil no hubo voluntad política y se pagó muy caro”, enfatizó.
Juan Faroppa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), informó que dicha institución se está formando para instalar “una defensoría de las audiencias que funcione adecuadamente”, y que ya se incorporó personal técnico para que trabaje junto a la defensoría, que será designada en los próximos meses.
Lilián Celiberti, de la CCD, destacó que los fallos de la SCJ sobre la ley SCA “consolidan el concepto de libertad de expresión como un elemento central para la democracia”, un derecho tanto individual como colectivo, y no equivalente a “libertad de empresa”. “Sólo cabe esperar que la ley se haga efectiva y que se acelere el proceso de instalación de los organismos reguladores”, reclamó.
En la misma línea, Diego Fernández, presidente de Asoprod, lamentó que Uruguay viene “demasiado atrás como país” y que la ley “tendría que haberse reglamentado ya”. Lamentó que la televisión uruguaya sea la industria “que exporta menos del país” y que “nunca se haya preocupado por producir algo bueno”, sino por “vender publicidad”. También cuestionó que la televisión pública esté “infamemente ligada al gobierno”, porque sus autoridades son designadas por el gobernante de turno.
El monitoreo
Fabián Werner, de Cainfo, presentó los resultados del monitoreo. Entre el 1° de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016 hubo 28 casos de amenazas a la libertad de expresión, 16 de ellos por parte de privados, ocho por actores públicos, tres por partidos políticos y uno de un dirigente sindical. Werner aclaró que fueron los casos que se pudo registrar, y que no implica que no existan más.
Una parte importante de los casos (diez) constituyeron “obstrucción al trabajo periodístico”. El estudio considera una obstrucción, por ejemplo, no contestar preguntas en una conferencia de prensa (siete casos), porque “afecta la calidad del trabajo periodístico”. En esta categoría de “obstrucción” se incluye también, por ejemplo, la negativa de la empresa Tenfield a permitir el ingreso de un equipo de canal 4 al estadio de Peñarol para cubrir el partido inaugural entre Peñarol y River Plate de Argentina.
Hubo cinco casos de amenazas, algunas de ellas de muerte; por ejemplo, el caso de un periodista de El País que informó sobre el vínculo entre la barra brava de Peñarol y ciertos hechos delictivos. Hubo cinco casos de “hostigamiento en el ámbito laboral” (en forma de pérdida de fuentes laborales), cuatro casos de hostigamiento mediante la Justicia, dos casos de hostigamiento físico.
El monitoreo calificó de censura la declaración del Plenario del Frente Amplio que acusó en forma genérica a los medios de comunicación de estar embarcados en una campaña para desestabilizar las instituciones. Werner acotó que “afortunadamente” después algunos dirigentes políticos frenteamplistas “consideraron exagerada la declaración”, pero afirmó que “no es bueno que el mecanismo de conducción política del partido de gobierno haga este tipo de pronunciamientos”.
Cambios a ley de acceso
La jornada de ayer también sirvió para que Tania da Rosa, de Cainfo, adelantara algunos cambios que la Red de Gobierno Abierto propondrá a la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008. El punto de partida es que “la ley se está incumpliendo de manera extendida”, remarcó. “Hay organismos que tienen resistencia a recibir solicitudes vía correo electrónico, los plazos no se están cumpliendo, se hace un abuso de las excepciones”, señaló Da Rosa. Por este motivo, las organizaciones que integran la Red propondrán ampliar el alcance de la ley en cuanto a los organismos abarcados, para que se incluya también a los organismos privados que manejan dineros públicos; ampliar los alcances de la información, para que se hagan públicas las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos obligados; fortalecer el diseño institucional para que haya órganos garantes del cumplimiento de la ley “con poder y atribuciones”; y perfeccionar el régimen de excepciones, para que no se convierta en un mecanismo que las autoridades utilizan para negarse a dar información sin cumplir con “principios de razonabilidad”.