“Ponerlo en práctica es más complejo”, dijo Vázquez y avisó que se creó un “cronograma de trabajo” que tiene revés: aunque el CPP entrará en vigencia en su totalidad en 2017, se pondrá en práctica sólo en algunos lugares del país. El nuevo código preveía su aplicación total a partir de 2017, pero en agosto del año pasado el Ejecutivo envió un proyecto de ley para la puesta en marcha, a partir de 2017, sólo de algunos artículos, y postergar la aplicación total del CPP para 2019.
El gobierno se comprometió a incluir en la próxima Rendición de Cuentas el dinero para que el CPP se “ponga en marcha” en un plazo máximo de seis meses; la SCJ presentó un informe en el que asegura que no cuenta con los recursos presupuestales necesarios para afrontar su puesta en vigencia, porque no recibió un aumento en la Ley de Presupuesto.
Indefensos
El informe de la SCJ señala como imprescindible la creación de juzgados para atender los “asuntos nuevos” que conllevará la aplicación del nuevo CPP, para así poder terminar los asuntos iniciados con anterioridad a la vigencia del nuevo sistema. También plantea la necesidad de modificar la estructura de la Defensoría Pública, para garantizar el principio de “igualdad de armas” en el proceso penal y aumentar el número de defensores. “Más de 85% de las defensas penales y 95% de las defensas de los adolescentes infractores” están a cargo de esta, señala.
La FGN, la SCJ y Unidad Popular (UP) hicieron explícito su desacuerdo respecto de la parcialidad geográfica. En el informe de la SCJ se indica que “uno de los riesgos” es que “termine siendo una forma de perpetuar lo que se quiere cambiar”. Desde la FGN, Jorge Díaz aseguró que no sólo conlleva problemas prácticos, sino también constitucionales, cuestión que fue señalada por el senador Javier García, del Partido Nacional. En ese sentido, aclaró que hay acuerdo en que la aplicación sea “íntegra” y a la brevedad, pero su partido aún debe discutir la parcialidad geográfica.
Otro de los puntos tratados en la reunión fue la necesidad de generar un proceso penal “abreviado”. Vázquez explicó que en los proyectos de ley en discusión se acorta y “reestructura” para “poder agilitar el proceso de sentencia”. Según los datos de marzo del Instituto Nacional de Rehabilitación, 70% de las personas privadas de libertad están encerradas sin sentencia, cuestión que hace que “Uruguay [esté] en falta” respecto de convenios internacionales sobre derechos humanos.
Sostuvo que la abreviación también implica quitar “los delitos más leves del tratamiento por medio del CPP, para agilitar los trámites de los delitos mayores”. Para desarrollar este punto Vázquez pidió a “alguno de los abogados presentes” que explicara lo que se había resuelto. Tomó la posta Jorge Barrera, asesor del ex candidato a la intendencia de Montevideo Edgardo Novick. Aseguró que el proceso abreviado “no es un beneficio, sino un sistema y estructura que permite dar a la víctima respuestas rápidas y eficientes, y a la persona en proceso, la posibilidad de tener una condena o absolución en un tiempo acorde a las normas internacionales”. Barrera afirmó que el cambio también repercutirá en el tiempo y los recursos de la SCJ, ya que esta institución “podrá destinar una mayor parte de sus recursos materiales a aspectos complejos que no requieren una tramitación procesal, sino una atención probatoria”. Díaz se manifestó “favorable” a estas modificaciones.
Vázquez calificó la reunión de “extremadamente productiva, altamente respetuosa, con acuerdos bien importantes”. Sobre los asuntos a tratar en los futuros encuentros, dijo que están los proyectos vinculados a libertades anticipadas, reincidentes y delitos relacionados con el narcotráfico. Eduardo Rubio, diputado de UP, pidió incluir en el debate las causas estructurales de la violencia social.