La titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Carolina Cosse, manifestó en más de una ocasión que el gobierno no aplicará ni reglamentará la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) hasta tanto la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no termine de analizar la totalidad de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra esta norma. La no aplicación de la ley vigente determina no sólo que no puedan instrumentarse las innovaciones que esta establecía, sino también retrocesos en la aplicación de otras políticas públicas de comunicación vigentes desde el primer gobierno del Frente Amplio, como la asignación de frecuencias a radios comunitarias.
La ley de SCA disolvió el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), que había creado en 2008 la Ley de Radiodifusión Comunitaria con el fin de asesorar al Poder Ejecutivo en la asignación de frecuencias. Creó al mismo tiempo la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual (CHASCA), que asumió, entre otros cometidos, los del CHARC. El Poder Ejecutivo entendió que la disolución del CHARC sí debía aplicarse, no así la creación de la CHASCA, y por lo tanto, desde diciembre de 2014 existe un vacío institucional en materia de asignación de frecuencias comunitarias.
Una de las perjudicadas por esta situación es la radio comunitaria La Kandela, de Tacuarembó, que tiene desde 2013 un dictamen favorable del CHARC para que se le asigne una frecuencia, y sin embargo, no se ha concretado la asignación. La radio tuvo un protagonismo importante en la recolección de firmas contra la megaminería en su departamento. Luego de varios meses de esperar que la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) elevara un expediente a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones del MIEM (Dinatel), que es la que debe disponer la asignación, y una vez concluido el trámite en Ursec, ahora denuncian una nueva traba, esta vez en Dinatel. La radio sostiene que el 25 de abril se reunió con Silvia Cardoso, de la Asesoría Letrada de Dinatel, y la funcionaria les comunicó que desde 2013 los procesos de habilitación para servicios de radiodifusión comunitaria están estancados a raíz de la aprobación de la ley de SCA, que crea organismos que no fueron instrumentados, y por tanto, no hay nadie que resuelva sobre los procesos de habilitación. Óscar Orcajo, ex integrante de la CHARC, informó a la diaria el 1º de abril que el organismo se disolvió porque no volvió a ser convocado por la Ursec.
En la conversación, según relatan los integrantes del colectivo de la radio, Cardoso les manifestó que el caso de La Kandela estaba avanzado porque tenía una resolución favorable del CHARC, pero mencionó como un obstáculo para la asignación el recurso de impugnación que ingresó uno de los colectivos que se presentó al llamado público y perdió. En dicho recurso se sostiene que La Kandela es una asociación “que proclama desconocer el orden público” y una “banda anarquista” que hace “apología del desconocimiento de la normativa”.
“Hay un vacío institucional en materia de medios, nadie se hace cargo de nada, y, por ende, nuestra habilitación está estancada”, denuncia el colectivo de La Kandela en el comunicado. Y agrega que seguirán “firmes en la defensa” de su “derecho a existir como medio de comunicación comunitario”, ya que en los últimos tres años han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para obtener la habilitación.