Primero fue el incidente de la mañana. Según la versión que maneja el juez a cargo del caso, Ricardo Miguez, dos hombres habían rapiñado una moto con un arma de fuego. Minutos después, un patrullero de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo interceptó a dos menores de edad que circulaban “en actitud sospechosa” por la esquina de las calles Galvani y Barquisimeto, dice el comunicado del Ministerio del Interior (MI). Interrogados más tarde, luego de ser detenidos por separado e incomunicados, los policías dijeron que los que manejaban la moto les dispararon primero, y ellos respondieron; uno de los jóvenes murió en el momento. El otro recibió un disparo en la cara y sigue internado en el CTI del Servicio Médico Integral. Según el juez, la moto no era la de la denuncia, pero después se supo que había sido botín de otra rapiña; sin embargo, la madre del joven que está vivo y que perdió un ojo a causa del disparo, declaró ayer a Subrayado que su hijo tenía los papeles del vehículo.
“Los oficiales dijeron lo mismo, con pequeñas variaciones. Había cosas que no quedaron claras”, contó a la diaria el juez, que llegó al lugar poco después. “Estaba movida la cosa. Había tensión, la gente estaba muy eufórica, y eso complicaba bastante la situación”. Miguez vio cómo los vecinos de la zona se juntaban y empezaban a tirar piedras a los policías y funcionarios judiciales que trabajaban en el lugar. Fue necesario llevarse el cuerpo de apuro para hacer la autopsia en la morgue, y también la moto.
Más tarde, la cosa se complicó más. Un grupo de personas detuvo un ómnibus 405 de COETC, la única línea que entra al barrio. Rapiñaron a los pasajeros, los hicieron bajar y prendieron fuego el coche, que luego fue trasladado a la Seccional 17ª. Más tarde, un médico de una policlínica de la zona que estaba llegando al lugar recibió una pedrada en la cabeza que le provocó “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fractura de hueso temporal con leve hundimiento, sangrado intracraneano”. Según informó el Sindicato Médico del Uruguay, ayer se encontraba fuera de riesgo de muerte y evolucionaba favorablemente en el Hospital Maciel.
También resultó lesionado un policía, que sufrió una fractura en el brazo izquierdo. Los daños materiales fueron algunos contenedores de basura dados vuelta, un auto particular también incendiado y cinco vehículos policiales -uno de ellos blindado- con impactos de piedras y de balas. La Guardia Republicana y el Personal de Alta Dedicación Operativa disolvieron esa segunda manifestación, y más de 100 oficiales se quedaron en la zona durante todo el viernes y hasta la madrugada del sábado, sin mayores incidentes. Ayer el barrio estaba tranquilo, contaron a la diaria algunos oficiales que participaron en el operativo.
Hubo nueve detenidos, tres de ellos menores de edad. Por “cuestiones de seguridad” ante el clima complejo, dice el juez, la reconstrucción tuvo que hacerse en el juzgado de la Ciudad Vieja. “La Fiscalía pidió más pruebas para determinar si se mantiene el dictamen original, que no se pueden revelar”, informó Miguez. El caso del primer incidente, el de la muerte del joven, está en presumario, y todos los involucrados fueron liberados el sábado. Según el juez, “habrían actuado dentro de lo que es la ley, en especial la de procedimiento policial, usando la fuerza en forma moderada, racional y progresiva para la detención” y no habría elementos para procesarlos, pero podrían ser citados a declarar de nuevo. El otro menor, el que está internado, fue interrogado ayer por el juez de Adolescentes Alejandro Guido. Se detuvo también a sospechosos de los incidentes que ocurrieron más tarde, pero no se los pudo vincular con ninguno de los hechos y Miguez los liberó.
No pasarán
La Asociación de Maestros de Montevideo solicitó ayer al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) la suspensión de las clases en escuelas y jardines de infantes del barrio, “dada la situación de inestabilidad y falta de garantías en cuanto a la seguridad de maestros, niños y personal de servicio”, pero la directora de Primaria, Irupé Buzzetti, dijo a la radio Monte Carlo que su idea era no suspenderlas. No obstante, el sindicato de maestros comunicó, a última hora de ayer, que no se dictarían las clases y que los maestros cumplirían su horario en el local del CEIP. Los trabajadores de COETC se reunieron en asamblea y decidieron que la línea 405 no entrara al barrio Marconi, por lo que Buzzetti planteó que el MI colaborara para transportar a los docentes. Al cierre de la edición de ayer no había una resolución de las autoridades al respecto.
Las instituciones que operan en la zona -centros CAIF, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública- se reunirán hoy para evaluar los daños, dijo Sandra Nedov, alcaldesa del Municipio D, al que pertenece el barrio. “Tenemos que cortar el pasto, reponer las bombitas, limpiar las bocas de tormenta”, declaró, aunque sí se suspendieron algunas actividades del fin de semana, como una función de cine al aire libre.
La alcaldesa dijo que el panorama es mucho más alentador que el de octubre de 2012, cuando se desató un conflicto similar a raíz de otra muerte de un joven a manos de la Policía, en la esquina de la calles Aparicio Saravia y Mendoza, a pocas cuadras de donde se registraron los incidentes del viernes. Percibe que el clima está más tranquilo y apunta a que los servicios a los vecinos no se suspendan a causa de los incidentes: “Si entreveramos las cosas, nos complicamos”.
Fracturas expuestas
Varias asociaciones de médicos difundieron comunicados sobre los disturbios en el correr del fin de semana. El Colegio Médico del Uruguay manifestó “profunda preocupación” por las situaciones de violencia reiteradas y solicitó una reunión con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el de Salud Pública, Jorge Basso, con la idea de plantear garantías mayores para operar en el barrio; se concretará hoy en el edificio Libertad, con la presencia de autoridades de ASSE. El Sindicato Médico del Uruguay comunicó su solidaridad con el doctor que resultó lastimado y pidió al personal médico que no ingrese a la zona hasta que las autoridades puedan garantizar su seguridad. La Federación de Funcionarios de Salud Pública, por su parte, decidió mantener sólo los servicios para casos de riesgo de vida y pidió escolta de móviles policiales para las ambulancias. La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria resolvió el sábado, en asamblea, un paro de 24 horas para hoy, en el ámbito público y privado, destacó la ayuda que los vecinos del barrio le brindaron al médico herido y reclamó también medidas de seguridad, en particular para las visitas a los hogares. Todos los comunicados coinciden en señalar un problema que viene de antes de los hechos del viernes.