La expansión de la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, entre otras, lo que estas empresas pretenden: unir oferta y demanda sin intermediarios. Al entrar a la página web de cualquiera de las tres empresas mencionadas, lo que aparece en primera plana son dos convocatorias dirigidas, naturalmente, a públicos distintos. “Si tenés algunos ahorros y estás buscando invertirlos”, dice uno de los caminos a seguir, y el otro: “Si estás en busca de capital y no querés pagar tasas elevadas”. Una vez elegido el camino, se solicita una serie de datos personales y se habilita a la empresa a que realice las verificaciones y gestiones que necesite.
El problema “natural” que denuncian sus competidoras es que iniciativas de este tipo no se rigen por las mismas reglas. “Todas las regulaciones generan incentivos a tratar de escapar de estas, y eso es lo que este tipo de aplicaciones buscan: aprovechan rigideces que tienen determinados actores por tener que cumplir con el reglamento y van por la tangente”, explicó Leandro Zipitría, analista del área de la defensa de la competencia y regulación del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. “Con esto no estoy juzgando”, advierte, sino que entiende que “será la sociedad la que deberá discutir si así está bien o mal. Lo que digo es que tienen -mejor dicho, la tecnología les da- la flexibilidad para hacerlo”.
Por su parte, el abogado y comisionado del Área de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, Javier Gomensoro, estableció que se trata de “nuevas modalidades competitivas que desafían la previsión humana anterior a estas” y que “no necesariamente se constituyen como un problema”. Si bien el Área de Defensa de la Competencia no es la encargada de regular el mercado financiero, sí se constituye como un órgano de consulta y de revisión legislativa. Aun así, al día de hoy no hay ningún expediente a estudio de la comisión, pero no duda de que en breve aparezcan.
El objeto de la regulación
Consultado sobre la posibilidad de que exista competencia desleal, Zipitría dice que eso “no tiene una respuesta clara”: “Ellos captan fondos -como el Estado y otros privados-, como puede ser la emisión de bonos, de obligaciones negociables, de fideicomisos, del sistema bancario, cada uno con sus reglas”.
Lo primero que hay que ver es “si se trata realmente de un fideicomiso o es intermediación lisa y llana, disfrazada de fideicomiso”, tema sobre el que deberá laudar el Banco Central, según Zipitría, porque “la tecnología permite inventar estas cosas, no estar regulado por nada, y eso, ya de entrada, baja tus costos”. Según entiende, “lo único claro es que hay que repensar las regulaciones”, que de momento están “asociadas a la forma en la que se presta, y no al producto en sí”. “La clave está en para qué queremos la regulación; lo demás es una cuestión de diseño”, agregó.
Gomensoro, por su parte, consideró que “en principio, la regla general es que [este tipo de emprendimientos] están permitidos”. De hecho, “se prevén algunas situaciones de intermediación, que no son propiamente de bancos”. Para el abogado se trata de una situación en que “en principio, el efecto de la libre competencia es favorable; dos necesidades se complementan, y eso es competencia, por eso lo vemos como saludable, porque provee de opciones más variadas para el consumidor”.
“Estas son operaciones que sin duda se van a extender a los mercados”, opinó Gomensoro, quien mencionó, a modo de ejemplo, lo que sucede cada vez que se abre el corralito mutual: “Sugen todo tipo de mejoras en precios de órdenes y tickets, en beneficios para adolescentes y embarazadas, y eso es por el esfuerzo por captar más afiliados”. Entiende que algo similar ocurre en estos casos: “Cuantos más competidores, más esfuerzos para brindarles opciones a los consumidores”.
Dos problemas más
Pero además de este problema inicial, el ámbito financiero introduce dos nuevas cuestiones que, según Zipitría, “no existen en el transporte”. Por un lado, la verificación del origen de los fondos, y por otro, la posibilidad de que la empresa se declare insolvente.
El 8 de abril, las autoridades del Banco Central recibieron a representantes de las asociaciones de Bancarios Privados y de Empleados Bancarios, de la Caja Bancaria y a jerarcas de la Bolsa de Valores para discutir sobre estas nuevas aplicaciones. Una fuente que estuvo presente en la reunión sostuvo que desde la autoridad monetaria se dijo que “es un tema que está vigente en todos los reguladores y bancos centrales del mundo” y que es “complicado” de analizar, porque se constituyen como un fideicomiso.
El director de TuTasa, Marcelo Barreneche, explicó que en todos los casos los inversores “deberán pasar por controles de compliance” para evitar el lavado de dinero, y asistir por “una única vez” a las oficinas del emprendimiento para adherir notarialmente al fideicomiso, lo que avala la realización de “un control avanzado de identidad y cuenta bancaria de donde provienen los capitales”. “Tenemos un oficial de cumplimiento con vasta experiencia y seguimos los estándares más estrictos, utilizando bases de datos locales e internacionales”, asegura.
“El tema es que en la realidad no siempre son un fideicomiso. Si el dinero pasa por ellas, es claro que son empresas de intermediación financiera, pero si lo que hacen es sólo contactar y perciben una comisión por presentar un cliente -como una inmobiliaria, por ejemplo- es discutible”, dijo la fuente. De momento, el Banco Central está analizando caso a caso, porque las que se conocen en el mercado uruguayo presentan diferentes modalidades. Además, algunas de estas no están radicadas en el país, lo que suma otro “inconveniente” para la autoridad monetaria, que no tiene alcance para regular lo que no esté dentro de su jurisdicción, aunque sí opere en ella.
“Nadie es creativo inventando cosas; hoy en día, la cuestión más bien es ir por el costado. En particular, prestar plata es viejo como la historia, tiene siglos, y eso va a funcionar por fuera de la regulación hasta que no pase algo; ha sido así siempre. La regulación siempre surgió porque alguien cayó”, estableció Zipitría. Basta remontarse a 14 años atrás, en plena crisis de obligaciones negociables, cuando el Estado tuvo que poner miles de millones de dólares para salvar bancos; luego de la tormenta, surgió la regulación.
“Las instituciones financieras juegan con que los individuos tienen capacidad de captar los riesgos a los que se someten. Por su parte, la gente lo ve como una inversión y va diversificando su riesgo”, explicó el economista, y advirtió que “la regulación de fideicomiso es más laxa que la de un banco”. Aun así, eso no implica que haya pérdidas, sino que la lógica es distinta, porque “como inversor -fideicomitente- asumís el riesgo, y si no funciona, marchaste. No hay un banco atrás”.