Con el respaldo del Plan Nacional de Eficiencia Energética, aprobado en 2008 por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento, comenzó una oleada de inversiones en la generación de energías renovables. Entre estas, las hay de dos tipos: por un lado, las que lleva a cabo UTE -generalmente, en asociación con diversos inversores- y conforman la matriz de generación eléctrica del país, y por otro, las conducidas por privados, que, al día de hoy, al no poder colocar la generación de sus parques eólicos en Uruguay, se encuentran en busca de la posibilidad de exportar esta energía eléctrica a otros países.
La Ley 16.832, de 1997, actualizó el marco normativo del sistema eléctrico nacional y decretó la libertad de la generación (hasta entonces restringida exclusivamente a UTE), y para esto creó un mercado mayorista de energía eléctrica, que en la práctica nunca se llegó a utilizar. Más de 20 años después, con la llegada de las energías renovables al país, aparecieron las intenciones de invertir en generar energía, y con estas llegó la necesidad de comerciar.
Un caso concreto es el de la empresa de servicios de ingeniería Ventus, que a lo largo de los últimos años agrupó a inversores de diversos campos -mayoritariamente, importadores- para gestionar sus inversiones en un negocio de alta rentabilidad: la generación de energía mediante molinos eólicos.
El director de la empresa, Francis Raquet, dijo a la diaria que la idea surgió “porque los parques de diez megavatios [MW] se hacen rápido y son fáciles de conectar a la red y construir”. En poco tiempo tenían construidos ocho parques eólicos de entre 3,6 y 19 MW cada uno -en total suman 69,3-, dispersos en Colonia, Canelones, Rocha, Durazno y San José. Al día de hoy tienen 40 MW operando y los restantes estarían listos para conectarse a la red en agosto.
Pero más allá de su intención, ya no hay espacio para la demanda de energía en Uruguay. Según explicó el director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ramón Méndez, a la diaria, “el Plan de Eficiencia Energética se diseñó para tener estrictamente los contratos necesarios para su autoabastecimiento” y “con estos da; no se necesita ni se necesitará más”.
Por ende, aquellos que invirtieron en este negocio por fuera de los parques eólicos que instaló UTE -en asociación con privados- no tienen cómo generar un contrato de compraventa rentable en Uruguay.
La energía que venderían sería al mercado eléctrico mayorista, gestionado por la Administración del Mercado Eléctrico (Adme), una persona pública no estatal creada por la ley mencionada anteriormente; pero cuando la estatal no necesita energía, su precio se reduce significativamente. “Vender sin un contrato previo es una timba total, y por eso no funcionó en los [años] 90”, explicó Méndez, quien consideró que en este caso puntual lo que faltó fue “cerciorarse previamente de tener un comprador”.
Buscando posibilidades, la empresa encontró interesados en la compra de energía eléctrica en Argentina, en particular, con la comercializadora San Atanasio Energía SA, con quienes ya tienen un contrato firmado por “valores muy superiores al que ofrece el mercado uruguayo” - entre 50 y 60 dólares el MW, mientras que el mercado eléctrico mayorista paga, cuando no hay demanda, “entre 30 y 40 dólares”, según Raquet-.
El decreto 360 de 2002, que reglamenta este mercado mayorista, establece que los interesados en exportar energía deberán presentar su intención al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para su habilitación. De momento, el subsecretario de la cartera dijo que la Dirección Nacional de Energía está estudiando el tema. En cuanto a Adme, ni la directora de Energía ni el presidente de UTE (que integran el directorio) quisieron hacer comentarios al respecto.