El proyecto de ley de salud mental elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a partir del intercambio con organizaciones sociales y de profesionales ingresó en diciembre al Parlamento. La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores comenzó a recibir delegaciones en mayo, cuando concurrieron las autoridades gubernamentales y la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna; ayer fue el turno de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), de Radio Vilardevoz y de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares.
La senadora del Frente Amplio Ivonne Passada, presidenta de la comisión, dijo a la diaria que en las próximas semanas recibirán a otras organizaciones y citarán a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) para que dé su opinión. Si es necesario, harán una sesión extraordinaria en junio para que se pueda iniciar el debate del articulado en julio.
El proyecto apunta a cambiar el modelo de atención en salud mental, fortaleciendo el primer nivel de atención para evitar llegar a la internación; y, en los casos en que esta sea inevitable, no se hará en asilos o psiquiátricos, sino en hospitales generales. Los asilos dejarán de existir y se implementarán alternativas como casas de medio camino y residencias asistidas; además, se articulará con otros organismos el acceso a la vivienda y el trabajo.
Una de las grandes diferencias que existen sobre el proyecto gira en torno al órgano de contralor de la aplicación de la ley. El texto establece que sea un organismo desconcentrado dependiente del MSP. “Si queremos un órgano de control que funcione, que no quede en algo declarativo que sólo se limite a hacer la denuncia, como lo hace” la INDDHH, “a nivel parlamentario o a nivel judicial, necesariamente debe estar dentro del MSP”, expresó en la comisión Ariel Montalbán, responsable de Salud Mental del MSP. Colectivos como la Asamblea Instituyente y Radio Vilardevoz se oponen y piden que el órgano sea independiente y autónomo. Por otra parte, la Asamblea Instituyente propone que se fije una fecha de cierre de las instituciones asilares, y que esta sea 2020, fecha asumida por Uruguay en compromisos internacionales; las autoridades, en cambio, prefieren no hablar de fechas. Horacio Porciúncula, director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado declaró en la comisión que hay 740 personas viviendo en las colonias psiquiátricas y que ingresaron sólo 35 personas en el último año, casi todas por derivación judicial. Passada informó que concurrió el lunes a las colonias, que “hay unos 165 pacientes que ya han abandonado la colonia y se encuentran en casas de medio camino” y en otras modalidades de egreso, y saludó que ya se estén implementando cambios sin que esté aprobada la nueva ley.
La SPU considera que “en términos generales el proyecto es bueno, sólido, flexible y permitiría avanzar”, dijo a la diaria Rafael Sibils. Sin embargo, tienen pequeños matices. Por ejemplo, piden que se elimine de entrada el tope de los 30 días de internación que tienen las mutualistas, y no de a poco; solicitan reglamentar la psicoterapia; y mencionar poblaciones vulnerables, como niños, ancianos o personas privadas de libertad. Coinciden con que el órgano de contralor esté dentro del MSP, pero sugieren que incluya un relator de la INDDHH.
Radio Vilardevoz insistió en que el abordaje sea por medio de equipos interdisciplinarios que actúen desde el inicio del tratamiento, porque tal como está redactado el proyecto “no garantiza que se pueda ver a la persona desde todas sus dimensiones” y se evite caer en el reduccionismo actual, dijo a la diaria Laura Reina, de Vilardevoz.