La cantidad de funcionarios públicos es un tema que suele formar parte de la agenda política. Lo de que el aparato burocrático de la administración pública ha crecido más de lo debido es repetido por muchos dirigentes, y no faltan quienes impulsan iniciativas para reducir los vínculos laborales en el Estado. Por ejemplo, hace pocas semanas la senadora nacionalista Verónica Alonso, junto a su par colorado Pedro Bordaberry, anunciaron la presentación de un proyecto para prohibir por cinco años el ingreso a la función pública, a excepción de en algunas áreas como la salud, la educación y la seguridad. En una misma línea, el propio ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, incluyó en la Rendición de Cuentas una disposición para que por cada tres vacantes generadas en la función pública sólo se cubran dos, a excepción de en algunas áreas.
El jueves, el informe de vínculos laborales con el Estado que ingresó al Parlamento junto a la Rendición de Cuentas contenía una buena noticia para Astori, Bordaberry, Alonso y todos los que están preocupados por esta situación: en 2015 los vínculos laborales del Estado bajaron 0,4%, ya que pasaron de 292.473 a 291.333. Lo que sí subió fue el número de trabajadores presupuestados, que aumentó 1,7%. La evolución de estos vínculos a largo plazo permite ver que la administración central no ha variado sus recursos humanos de manera significativa. De hecho, el Poder Ejecutivo contaba en 2005 con 89.235 funcionarios públicos y en 2015 tuvo más de 10.000 menos.
En cambio, donde sí se incorporaron muchísimos funcionarios fue en los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución, que abarca al Poder Judicial, organismos de contralor, entes autónomos y servicios descentralizados. En estas oficinas, los funcionarios públicos pasaron de ser 74.749 en 2005 a 138.011 en 2015: 47,4% del total.
Pero según este informe, presentado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), el peso de estos servidores públicos en la población ocupada es menor que hace diez años: en 2015 fue de 17,3% y en 2005 era de 20,5%.
Los dedos departamentales
Dentro de la esfera pública, las intendencias presentan algunas particularidades, por ejemplo, respecto del ingreso de funcionarios a sus filas. Mientras que en todo el Estado la designación directa es un mecanismo de ingreso de nuevos funcionarios que se utiliza con baja frecuencia (11,7% de los casos), en las intendencias se implementa en 64,5% de las incorporaciones, dejando de lado otras formas como los concursos de “oposición y méritos” (el más usado a nivel nacional), de “méritos y antecedentes” o de “sorteo y concurso”.
En 2015, 2.795 personas ingresaron como funcionarias a las intendencias mediante designación directa. En el podio quedaron las comunas de Soriano (566), Cerro Largo (364) y Artigas (293), todas pertenecientes al Partido Nacional (PN). El intendente de Soriano, Agustín Bascou, aseguró que no es que haya ingresado directamente ese volumen de personas, sino que lo que se hizo fue renovar contratos zafrales con trabajadores que ya estaban desempeñando funciones para la comuna. “Capaz que en ese período se renovaron 70, 80 o 100 zafrales, pero nunca 500”, dijo el jerarca. Según el informe de la ONSC, en total hubo 459 trabajadores zafrales que ingresaron por este mecanismo, mientras que 462 de estos habían culminado su vínculo el año pasado.
Capítulo aparte merecen las designaciones directas para cargos de particular confianza. En 2015 se incorporaron al Estado 561 funcionarios de este tipo, de los cuales 315 responden a las intendencias departamentales. Más de un tercio de esa última cifra (106) responden a la Intendencia de Maldonado, gobernada por el nacionalista Enrique Antía. “Hay características propias de la dinámica de esta intendencia, que siempre ha requerido cargos de dirección y supervisión en un nivel bastante elevado, y por eso en los últimos diez años siempre hubo una cifra similar a la que existe hoy en día. No se puede hacer una comparación de una intendencia chica con otra como la de Maldonado, con una cobertura geográfica y una dinámica interna tan grande”, dijo Diego Echeverría, secretario general de la comuna. En esos cargos, explicó, se desempeñan “directores, asesores, supervisores”, entre otros. Pero según el jerarca, a diferencia de períodos anteriores, “la mayor cantidad de estos cargos de confianza son del grado más chico que hay, porque antes había igual cantidad de estos cargos pero de los grados altos”. Echeverría también agregó que la cifra incluye los cargos de confianza de los alcaldes, algunos de ellos (dos de las ocho municipios) gobernados por el Frente Amplio. Los otras dos intendencias que han incorporado más funcionarios de confianza son la de Montevideo (50) y la de Canelones (45).