Una pareja de mujeres uruguayas decidió tener un hijo. A comienzos de este año se acercaron a su mutualista para tramitar el tratamiento de reproducción asistida. Les respondieron con los precios, pero el procedimiento, por ley, tiene que ser gratuito.
Las etapas que prevé la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Nº 19.167), aprobada en 2013, son dos: primero, hay que intentar los procedimientos de baja complejidad, o sea, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan dentro del cuerpo de la mujer. El decreto 630/014, que reglamenta la ley, en sus artículos 5º y 6º obliga a todos los prestadores públicos y privados que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud a brindar el tratamiento sin costo para las mujeres menores de 40 años. Sí tienen costo los procedimientos de alta complejidad -los que se realizan fuera del útero, como la fecundación in vitro-, que se aplican cuando los de baja complejidad no funcionan, pero cuentan con distintos grados de financiación del Fondo Nacional de Recursos, que se calculan según los ingresos totales de la pareja que lo solicite y que puede variar entre 5% y 90% del costo total. La ley prevé financiación para un máximo de tres intentos de procedimientos de alta complejidad; según los últimos datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el primer cuatrimestre del año se presentaron 751 solicitudes de financiamiento para este segundo tipo de técnicas, y 579 fueron aprobadas.
Según el artículo 2º de la ley, los procedimientos, tanto los de baja como los de alta complejidad, están destinados a “parejas biológicamente impedidas” para reproducirse, así como a “mujeres con independencia de su estado civil”, una modificación que se incluyó en la Comisión de Salud del Senado a pedido del colectivo Ovejas Negras, ya que el proyecto original hablaba de mujeres casadas y, además, en aquel entonces la Ley de Matrimonio Igualitario aún no estaba aprobada.
Cuando las dos mujeres recibieron la noticia de que la mutualista pretendía cobrarles las muestras de semen, se acercaron a Ovejas Negras para presentar el reclamo. “Les informamos que no correspondía que les cobraran”, cuenta Magdalena Bessonart, integrante de Ovejas Negras, quien siguió el avance del caso en el MSP. “La subsecretaria del MSP, Cristina Lustemberg, nos respondió enseguida, muy preocupada”. La pareja hizo el planteo el 8 de marzo. El 24 de mayo la mutualista se comunicó para informar que el tratamiento sería gratuito.
Uno entre muchos
Según comunicó Ovejas Negras, el manual de procedimientos del MSP menciona explícitamente los casos como este: “Una mujer sin pareja o una pareja homosexual femenina podrá realizarse un tratamiento de reproducción humana asistida, ya que no debería ser requisito para la realización de la misma la demostración de infertilidad. Desde una visión igualitaria estas personas tienen los mismos derechos que las parejas infértiles de completar su proyecto reproductivo teniendo en cuenta los diferentes modelos familiares actuales. Los procedimientos a realizarse serán definidos en base a los mismos criterios de inclusión ya enunciados”.
“Es un caso de muchos”, afirma la integrante del colectivo, que hoy está al tanto de al menos dos casos similares: una mujer soltera y una pareja de lesbianas. En las dos ocasiones, las mutualistas ya cobraron los procedimientos. “Desde Ovejas Negras estamos trabajando de ver qué se puede hacer, con la idea de que se les reintegre el dinero”, dice Bessonart. “Podríamos pensar que hay un desconocimiento de la ley, pero me parece que eso sería un poco ingenuo de nuestra parte; estos hechos hablan de cómo a algunas personas o algunas empresas prestadoras de salud les cuesta incorporar otros modelos de familia para poder darles los mismos derechos que al resto. Hay una situación de discriminación” hacia la población LGBT, afirma la militante, que reconoce que hay “muy buenos oídos por parte de las autoridades”.