Dos de los nueve profesionales que trabajan en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) volvieron a declarar ayer ante la Justicia, en el marco de la causa que investiga el robo de materiales en la sede de ese organismo durante la Semana de Turismo. Comparecieron a pedido del fiscal Diego Pérez, que estaba en la sala junto al juez penal Eduardo Pereyra; ambos ya habían tenido una audiencia con el equipo del GIAF en la primera semana de abril y ahora plantearon su intención de profundizar en algunos puntos. Diego Camaño, abogado de los antropólogos, dijo que se trató de una audiencia “innecesaria”, ya que se insistió en preguntas “que habían sido respondidas” en aquella oportunidad. Camaño espera que a partir de ahora “se profundice” en la segunda línea de investigación, en referencia a las fallas en el sistema de seguridad de la empresa encargada de la vigilancia del local, Grupo Gamma, que ha planteado, según el abogado, “que por ahora no tienen una explicación técnica posible”.
“Entiendo que el énfasis de la investigación no debió haber estado puesto en estas personas [los antropólogos] que están cumpliendo una tarea técnica, que la hacen con mucho sacrificio y en condiciones que no son favorables, porque ese laboratorio no tenía las condiciones de seguridad mínimas y estos hechos lo demuestran. Plantear una sospecha hacia adentro, como ha pasado en algunos ámbitos, me parece absurdo. Si hay una falla de seguridad, el énfasis tiene que estar puesto ahí”, concluyó Camaño. Los responsables de Gamma, entre ellos su gerente técnico, fueron citados para el 21 de junio a otra audiencia.