El gobierno quiere generar una política de Estado en materia de “seguridad y convivencia ciudadana”. En ese marco, el presidente Tabaré Vázquez convocó a los líderes de los partidos con representación parlamentaria para aunar ideas y legislar. De allí surgió el proyecto de ley que hoy está a estudio de la Comisión de Legislación y Códigos de la Cámara de Senadores que modifica el régimen de libertad anticipada y penas sustitutivas a la privación de libertad. Ayer fue el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a explicar a los legisladores las características de la iniciativa, porque el acuerdo de aprobación ya se logró. A pesar de que es un proyecto remitido por el gobierno frenteamplista, el sector Casa Grande tiene reparos. El senador suplente Rafael Paternain afirmó que aunque hay que respetar los acuerdos, no cree que el proyecto sea una “buena medida ni conveniente”. Paternain asegura que “va a tener efectos muy perniciosos en el sistema carcelario” y que “no queda claro cómo se va a reducir” la delincuencia. El martes 5 de julio la Comisión tratará nuevamente el tema, y se sabrá si Casa Grande apoya o no el proyecto.
El Partido Colorado estuvo representado por la diputada suplente del senador Pedro Bordaberry, Cecilia Eguiluz, quien dijo que es necesario “aggiornar las normas, porque muchas veces [las personas] consiguen la libertad transitoria y reinciden”, y este proyecto busca “mejorar el instituto de la libertad anticipada”. En ese sentido, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que “es una medida disuasiva”. Consultado sobre qué impacto tendría en el sistema penitenciario, afirmó que “aún no se sabe” porque hay que medirlo con la puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal. El senador Luis Alberto Heber, del Partido Nacional (PN), aseguró que el martes se votará en comisión, y el miércoles siguiente en la cámara. También se refirió a los reparos que hay en Casa Grande: “Nos llama la atención, porque aquí están reflejados el gobierno y el Frente Amplio. El PN cumple”, afirmó.
Qué estipula el proyecto
El proyecto establece restringir la libertad anticipada a aquellos reclusos que sean reincidentes en delitos graves como homicidio (y homicidio especialmente agravado), secuestro, copamiento, violación, narcotráfico, extorsión, lesiones graves y gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y hurto especialmente agravado. Además, se proyecta incorporar al régimen de penas sustitutivas a la cárcel el sistema de libertad vigilada y el sistema de libertad vigilada intensiva: “Una especie de tutela sobre [el] proceso de reinserción social, con distintos grados de intensidad”, que busca “la rehabilitación mediante un programa de actividades que abarquen los distintos aspectos de la persona”, dice el texto del proyecto. La libertad vigilada consiste en “someter al penado a un régimen de libertad a prueba”, mediante una “intervención individualizada”, bajo la “vigilancia y orientación” de la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida, dependiente del Ministerio del Interior. Esta pena podrá disponerse “siempre que la pena privativa de libertad sea de prisión o no supere los tres años de penitenciaría”. La libertad vigilada intensiva consiste en “someter al penado al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social, en el ámbito personal, comunitario y laboral”; podrá estipularse “si la pena privativa de la libertad fuere superior a tres años y menor a cinco”. Ninguna de estas penas podrá disponerse en casos de “reincidencia, reiteración o habitualidad”.