Uber desencadenó esta necesidad de regular las plataformas digitales de prestación de servicios, pero detrás, y rápidamente, surgieron otras interesadas: Airbnb, del rubro inmobiliario, Netflix, del audiovisual, y varios del sector financiero, por nombrar algunos.
Una comisión especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de Diputados tomó la posta en la materia, y se encuentra analizando, desde marzo, un marco regulatorio para estas plataformas, que contempla, además del proyecto enviado por el Ejecutivo, las comparecencias de distintos actores en la comisión.
El legislador oficialista Julio Battistoni dijo que, dado que la experiencia internacional en el tema “es muy pobre”, por ahora la comisión se encuentra abierta a recibir sugerencias. “Lo que uno puede pensar en un primer momento es cortar la página web, pero ese no es el objetivo, estamos viendo las alternativas; por lo pronto, un marco general que las regule a todas”, estableció.
Hace una semana, una delegación de AGESIC concurrió a la comisión con un proyecto alternativo. Viega explicó que se modificaron “unos pocos artículos” que hacen al “ambiente que se genera” para la economía digital. La mayor modificación apunta a cambiar el foco de la regulación, desde los prestadores del servicio a los titulares de la plataforma de intermediación, que debería tributar por la renta que obtiene en Uruguay. Antes se establecía que a iguales servicios, fueran o no brindados con herramientas informáticas, se les aplicaría la misma regulación, pero desde AGESIC se entendió que “la talla única para todos no era lo apropiado”, por lo cual se hizo llegar a la comisión esta modificación.
La idea es no generar un obstáculo a la instalación de estas empresas en el país. “Uruguay es referente en la región en internet y debe seguir dando esa señal de apertura”, consideró Viega. Para la abogada, lo más adecuado sería crear un marco general, a modo de “gran paraguas que abarque a todas” las plataformas, y luego regular los sectores de actividad.
El diputado nacionalista Rodrigo Goñi sostuvo que las modificaciones del Poder Ejecutivo apuntan, “más que a un cambio en los hechos, en la actitud”, hacia “una que busca promover un entorno regulatorio más amigable”, porque “si frenás a este tipo de plataforma, frenás a la economía en general”.
Dada la cantidad de pedidos de comparecencia ante la comisión, Battistoni estimó que el tiempo de estudio del tema va a ser largo.