El punto más conflictivo del proyecto de Rendición de Cuentas para la interna de la bancada del Frente Amplio (FA) es el recorte de los gastos previsto para 2017, entre otros organismos, para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU). Esta semana, algunos legisladores del FA mantuvieron conversaciones informales con autoridades del INAU y también dialogarán con ANEP, para conocer en qué medida los afecta esta postergación.
En la sección del proyecto denominada “Ordenamiento financiero” no se establece expresamente una postergación de los gastos sino que se dispone directamente: “abátense las asignaciones presupuestales asignadas en la Ley Nº 19.355 (ley presupuestal), de 19 de diciembre de 2015, para el ejercicio 2017, en el monto incremental de las mismas respecto del ejercicio 2016”. Allí mismo se señalan las excepciones, para las cuales sí son aplicables los incrementos de 2017: Sistema Nacional Integrado de Cuidados; Ministerio del Interior; contrataciones de participación público-privada; los convenios salariales y laborales de la ANEP y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE); dos programas del INAU denominados Políticas Transversales de Desarrollo Social y Gestión de la Privación de la Libertad; creación de cargos en la Fiscalía General de la Nación; y los incrementos correspondientes a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Instituto Pasteur, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas y el Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios.
En las reuniones que mantuvo el equipo económico con los sectores del FA, se había comunicado que la postergación del gasto del INAU sería de 200 millones de pesos. La presidenta del INAU, Marisa Lindner, dijo a la diaria que mantuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la que les comunicó que el incremento presupuestal del organismo previsto para 2017 “está destinado fundamentalmente al rubro cero”, y gran parte del monto está previsto para cumplir con el convenio colectivo con el sindicato en cuanto a mejoras salariales. “Planteamos que, habiendo un convenio, el dinero no se puede tocar. Y el MEF lo vio así”, explicó Lindner.
El resto de las partidas de 2017 están destinadas a políticas para una vida libre de violencia, medidas de acogimiento familiar y el sistema de evaluación y monitoreo, que la institución considera “fundamentales”. “Para el INAU es fundamental mantener estos ejes, y que las transferencias no afecten los aspectos programáticos”, señaló Lindner. Agregó que la postergación de gastos prevista inicialmente por el Ejecutivo, de 200 millones de pesos para el INAU y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, “afectaría las políticas de infancia, y por eso estamos planteando no tocarlo”.
El MEF accedió a reducir el monto de la postergación a 40 millones de pesos, y finalmente el recorte es de 44,4 millones de pesos, 20 de ellos en inversiones, monto que el INAU aspira a reducir aun más en el transcurso del debate parlamentario.
En el caso de ANEP, en varios sectores del FA se considera que el monto de la postergación es excesivo y que afectará todo el funcionamiento del organismo. El incremento presupuestal de ANEP que se plantea postergar corresponde, según lo dispuesto en el Presupuesto, a “la puesta en funcionamiento de obras nuevas, ampliación de la capacidad o asociadas con la modificación de las modalidades de uso de las infraestructuras educativas” (593 millones) y a la “ampliación de la modalidad de tiempo extendido y fortalecimiento de la educación media y las becas estudiantiles” (200 millones de pesos).
Además, la Rendición plantea recortar 150 millones de pesos del Plan Ceibal y 100 millones del Plan Ibirapitá.
La consejera del Consejo Directivo Central de ANEP (Codicen) electa por los docentes, Elizabeth Ivaldi, dijo el martes a la diaria que “hay una convicción de que tenemos que contar con el mismo presupuesto” y que el Codicen buscará “defender el presupuesto adjudicado en su oportunidad”. La postergación implicará, para Ivaldi, “dejar de lado muchas de las líneas en las que venimos trabajando como Codicen; una de ellas es la real obligatoriedad del ciclo básico”, y del mismo modo no podrán realizarse inversiones en las obras nuevas que garanticen “la infraestructura humana y de implementación que requiere una institución educativa: salarios, mobiliario, materiales didácticos, alimentación”.
La Udelar, en tanto, se posicionó rápidamente en forma contraria a la postergación. El Consejo Directivo Central (CDC) de la institución expresó que la postergación del aumento “genera una gran incertidumbre y compromete asignaciones ya realizadas por la Universidad”. Para la Udelar se prevé la postergación de 544 millones de pesos y de 50 millones para el Hospital de Clínicas.
La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), por su parte, emitió una declaración el miércoles en la que recuerda que, durante el debate presupuestal de 2015, el gremio actuó “de manera responsable” pese a expresar su “total disconformidad con el bajo aumento presupuestal que se destinaba a la educación en general y para la Universidad en particular”. “Nuestros afiliados entienden las dificultades económicas que vive el país. Sin embargo, el gobierno parece no entender las dificultades que vive la educación uruguaya. Tampoco parece entender que una parte importante de estas dificultades tiene un origen presupuestal y que los anuncios, en caso de ser aprobados por el Parlamento, impedirán lograr los objetivos de mejora de la educación que el Uruguay, con razón, reclama”, cuestionan los docentes. “Este recorte se traducirá en menos docentes por estudiante y en menos metros cuadrados de clases y de laboratorios construidos o reparados. Además, seguramente implicará que nuestra institución pierda jóvenes para los que estamos haciendo un gran esfuerzo en su formación de posgrado pero a los que no podremos darles oportunidades de desarrollo académico. Todo esto se sumará a un congelamiento de los sueldos docentes”, agregan en la declaración. “Todo tiene su límite, y la propuesta de recorte del presupuesto universitario supera ampliamente nuestra paciencia”, concluyen, y advierten que de no reverse la propuesta, se generará un conflicto “que ADUR no sólo no ha buscado sino que ha intentado evitar”.