El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN), Luis Alberto Heber, dijo ayer, luego de una nueva reunión de la Comisión Interpartidaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que durante la sesión de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores el Frente Amplio (FA) se negó a tratar el proyecto de ley que suprime la libertad condicional y anticipada a quienes sean reincidentes de delitos graves. “Queremos manifestar nuestra preocupación porque en la comisión parlamentaria el FA no quería tratarla, y hoy en el encuentro nos preguntamos qué sentido tiene aprobar cosas aquí si luego no tienen el respaldo de la bancada del FA”, dijo Heber en una conferencia de prensa tras la reunión. El legislador aseguró que el PN “cumple lo acordado políticamente” y que “si en el FA hay gente que cree que debe seguir dándoles libertad anticipada a quienes reinciden en el delito, entonces no tenemos puntos de acuerdo”. En ese caso, dijo, “cambian las condiciones del diálogo”.
La senadora frenteamplista Daniela Payssé, que al igual que Heber integra la Comisión de Constitución y Legislación, desmintió lo dicho por el nacionalista. “El senador Heber es libre de decir lo que quiera. No me meto en las contradicciones que pueda tener el PN. El FA está acá con sus representantes cumpliendo con los acuerdos, y vamos a tratar los temas que se derivan de este ámbito en el Parlamento con una agenda que involucra a este proyecto”. Según Payssé, en la comisión del Senado se trabajó en las modificaciones al Código del Proceso Penal y al proceso abreviado, que se incluyeron en un único proyecto. El tema, sostuvo, no estaba en el orden del día, tal como se expresa en el Parlamento.
Varios legisladores frenteamplistas que participan en la Comisión de Constitución y Códigos explicaron a la diaria que el proyecto aún no ha sido discutido en la bancada del FA, algo que es considerado un paso previo a autorizar su aprobación en la comisión. Sin embargo, según pudo saber la diaria, la iniciativa genera reparos en algunos integrantes oficialistas del cuerpo, como la senadora Constanza Moreira. Rubén Martínez Huelmo, otro de los legisladores que integran la comisión, fue prudente con respecto al tema: “Se va a estudiar, lo vamos a abordar y se va a hacer una consulta a la bancada”.
Ayer, la comisión empezó a abordar el tema de la minoridad infractora, y si bien todos los partidos presentaron propuestas, no se llegó a ningún acuerdo específico. El Ministerio del Interior presentó como insumo un proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente que el Ejecutivo envió al Parlamento durante el período anterior, y que no pudo ser aprobado por la bancada del FA, debido a que en aquel entonces no se llegó a un acuerdo en la interna oficialista. Ese proyecto establecía que para los delitos gravísimos (homicidio, rapiña, violación, entre otros) cometidos por adolescentes de entre 15 y 17 años se aplicarían las penas de los adultos reducidas a un tercio, lo que podría llevar las penas actuales de cinco a diez años. Ayer durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, Payssé tomó distancia de la propuesta: “No hay ningún proyecto del Ejecutivo. Sí una propuesta de la legislatura pasada que hoy no existe, y hay una elaboración, como otras tantas, vinculada al tema de los adolescentes en conflicto con la ley, que no se agota en las penas”. Además de los aumentos de las penas, el texto regula y aborda aspectos procesales, de principios y “medidas socioeducativas y curativas” para los menores en conflicto con la ley. “Lo único acordado es que no tenemos acuerdo”, sintetizó.
Por su parte, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que dados este y otros insumos de organismos internacionales y locales, “los partidos de la oposición solicitaron un plazo mayor a una semana para poder estudiar e integrar todas estas normas y recomendaciones a la discusión”. Agregó que Vázquez propuso tratar este tema la semana que viene, en paralelo a la discusión sobre las cárceles.
Todo listo
Ayer el presidente Tabaré Vázquez, acompañado por el titular de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, anunció que se proveerá de 474 millones de pesos al Poder Judicial en los próximos tres años para que el Código del Proceso Penal pueda comenzar a funcionar el 16 de julio de 2017. Este había sido uno de los primeros acuerdos alcanzados en la Comisión Interpartidaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Si bien esta disposición está incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la principal novedad fue el respaldo expreso de la principal autoridad de la Justicia.