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Preacuerdo para que homicidios de jueces, fiscales y policías sean “especialmente agravados”; cárceles pasarían al MEC.

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La Comisión Interpartidaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana acordó ayer poner a consideración de su grupo técnico la propuesta de inexcarcelabilidad del homicidio intencional, que surgió a iniciativa del Partido Nacional (PN), así como algunas circunstancias que se convertirían en agravantes de este delito. “Ha sido una buena tarde de trabajo en la Torre Ejecutiva; una buena instancia de entendimiento”, dijo el presidente del Honorable Directorio del PN, Luis Alberto Heber, que se congratuló con la postura del gobierno respecto de algunas de sus propuestas.

La inexcarcelabilidad del homicidio intencional será tratada mañana en la comisión técnica que asesora a este cuerpo interpartidario. Desde el Frente Amplio (FA) consideraron que si bien resta afinar algunas cosas, es posible que esta propuesta cuente con el aval oficialista. Otro tema a analizar en esta comisión técnica son las propuestas de agravantes del delito de homicidio. En primera instancia, el PN propuso que los homicidios sean especialmente agravados si se efectúan contra policías, y ayer el FA solicitó que también se aplique esta modalidad en el caso de homicidios de fiscales y jueces, lo que generó acuerdo en la comisión. La diputada Orquídea Minetti dijo que el PN también había propuesto que se considerara agravante que los homicidios se cometan contra trabajadores de seguridad privados, pero esa propuesta generó reparos en el FA y en el gobierno. De todos modos, la iniciativa será estudiada en la comisión técnica.

El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que con estas medidas “no se está ponderando el valor de la vida de manera diferente de acuerdo a la actividad de las personas, pero sí es cierto que la sociedad les pide a determinados funcionarios que tengan determinada exposición o que estén expuestos a determinadas situaciones de violencia”. Según Roballo, “no es que se aumenten las penas, sino que cambia la categoría de ‘grave’ a ‘especialmente grave’”. “No estamos hablando de un esquema de agravamiento de penas, sino de utilización de las herramientas que ya se tienen y que buscan minimizar la exposición de las personas que ponen en mayor riesgo su vida debido al tipo de tareas que les encarga la sociedad”, aseguró.

Otro de los agravantes propuestos por el PN, que también pasará a estudio de la comisión técnica, es el de los casos de homicidios contra personas que se encuentren trabajando. Sin embargo, Roballo estimó que es probable que exista una “confusión” en la propuesta, ya que “los agravantes establecidos en el artículo 312 del Código Penal ya abarcarían este tipo de situaciones”.

El otro principio de acuerdo al que llegó la comisión es la conversión del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado cuya comunicación con el Poder Ejecutivo no se realice por intermedio del Ministerio del Interior, algo que promovía el Partido Colorado. En principio, el “lazo” sería por medio del Ministerio de Educación y Cultura, aunque esta propuesta todavía no está pulida.

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