Se realizó ayer una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga el robo de materiales del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) durante la Semana de Turismo. Prestaron declaración ante el juez penal Eduardo Pereyra y el fiscal Diego Pérez uno de los peritos convocados para la investigación y el gerente general de la empresa de seguridad Grupo Gamma, contratada por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la Universidad de la República (Udelar) para custodiar su sede. Según explicó el abogado defensor de los antropólogos del GIAF, Diego Camaño, los peritos “no pudieron sacar conclusiones del equipo de alarma, porque se habían borrado los eventos anteriores”, mientras que el jerarca de la empresa de seguridad declaró que tiene “un respaldo de esa información” y que “en su momento” se la entregó a la FHCE y a la Dirección General de Información e Inteligencia Policial.
Como “no se estaba en conocimiento de ese hecho”, el juez dispuso la realización de una pericia, dijo el abogado. “Se manejaron algunas hipótesis, porque lo cierto es que, pese a que se cuenta con un equipo de seguridad, es posible vulnerarlo de distintas maneras y hay que investigar cómo fue posible que ingresaran personas sin que las detectara la alarma”, agregó. Camaño explicó que se trata de un respaldo “del movimiento que tuvo la alarma” el día del robo, y consideró un avance de la investigación que se haya probado que hay formas “de vulnerar una alarma aunque esté prendida”, y no necesariamente con tecnología, sino también “cubriendo los sensores”. “Indudablemente [el ladrón] tiene que ser alguien que conozca de sistemas de seguridad. Esto no puede haber sido hecho por alguien que no tenga esos conocimientos. Es un avance, es una punta, pero se están manejando distintas hipótesis”, sostuvo.
Las próximas diligencias del magistrado actuante son el pedido de una pericia para comprobar la existencia y entrega del respaldo de la alarma y continuar la investigación de las hipótesis de cómo pudo ser vulnerado el sistema de alarmas que surgieron en la audiencia de ayer. Camaño manifestó que no hay fecha para una nueva audiencia.
Según pudo saber la diaria, Grupo Gamma entregó a la FHCE el respaldo de los movimientos de la alarma a raíz de la investigación administrativa que inició el servicio universitario luego del robo, y después elevó toda la documentación recopilada a Jurídica de la Udelar. Esta documentación está actualmente en poder de la doctora Adriana Yerlas, responsable de la investigación administrativa que lleva a cabo la Udelar.
Yerlas también se entrevistó con representantes de Grupo Gamma. El respaldo de la alarma, que ya fue analizado por la Udelar, no habría probado un mal funcionamiento del dispositivo, ni tampoco una manipulación, lo que coincidiría con la hipótesis de la Justicia penal de que el sistema fue vulnerado sin que dejara de funcionar. La investigación administrativa que lleva a cabo la Udelar parece ir más rápido que la de la Justicia; Yerlas ya ha recabado una veintena de testimonios a funcionarios y jerarcas de la Udelar y accedió a documentación que el juez actuante todavía no llegó a mirar.