Pese a que con los últimos anuncios económicos la cuestión de la inseguridad ha encontrado un fuerte competidor, parece no resistirse a abandonar los primeros planos en materia publicitaria. El esfuerzo de pervivencia en su sitial exige redoblar esfuerzos, y para eso no sólo se refuerzan las premisas básicas sobre delito y delincuencia, sino que se anuncian nuevas propuestas. El punto de partida es la reiteración de las afirmaciones del agravamiento de la ya mala situación de la seguridad ciudadana, que, según se afirma en el portal de la principal fuerza de oposición, se encuentra en el “peor momento de la historia”. Independientemente de la existencia del problema y de su posible gravedad, la contundencia de un señalamiento de tal magnitud parece constituir un hecho que por su naturaleza se hace indiscutible. Como tal, y como suele acontecer en las referencias al pasado en esta materia, no necesita demostración alguna, pues alcanza con el sentido común. Ahora se suma, a la novedad del fenómeno de la criminalidad, la de nuevas propuestas para hacer frente a la “emergencia de seguridad”.
*La Tribuna Popular *-diario fuertemente opositor al gobierno de la época- presentaba a 1932 como un año “sangriento por excelencia”, particularmente por la sucesión de graves asaltos protagonizados por “peligrosos delincuentes profesionales”, muchos de ellos venidos desde el exterior. Crítico, por lo menos, desde las primeras décadas del siglo XX, de lo que podríamos llamar políticas de seguridad, cuestionaba fuertemente la inoperancia policial, la lenidad legislativa y la indulgencia del sistema penitenciario. Desde sus páginas reclamaba la toma urgente de medidas en defensa de una sociedad cada vez más desprotegida. La “benignidad de las leyes penales”, señalaba en un editorial del 6 de junio, “ya es una calamidad”. Al exigir la necesidad del endurecimiento punitivo, destacaba con preocupación que algunos delitos que en otros países se sancionan con la pena de muerte aquí se saldaban con escasos años de prisión. Cuestionando la abolición (sancionada “bajo el pretexto de avancismo”, que reprochaba al batllismo), decía que la situación se agravaba con una cárcel donde los presos se encontraban rodeados del mayor confort (“fincas de recreo”, las llamó) y en medio de la ausencia de regímenes severos. El editorialista en realidad retomaba un texto del 4 de abril, del propio diario, en el que, con preocupación por el aumento del “porcentaje de la delincuencia en el país”, se cuestionaba la existencia de lo que se consideraban penas mínimas. Para colmo, al analizar las políticas hacia los presos se encontraba con las “ventajas y beneficios” que reducían considerablemente la privación de libertad. La conclusión sobre la legislación y el sistema penitenciario resultaba contundente: “Son los peores enemigos de la sociedad”.
De alguna manera, La Tribuna Popular continuaba su histórica prédica en relación con la inseguridad y la deficiencia de políticas criminales. Se apuntaba como objetivo principal al gobierno, repercutiendo de forma cotidiana en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de Policía de la capital. Ello pese a momentos de “primavera” en la relación, tras algunas reformas como la de 1917 en la emblemática Policía de Investigaciones o la propuesta de Juan Carlos Gómez Folle de 1926, que aspiraba a cambios organizativos profundos, haciendo más científica su labor. De todas formas, los cuestionamientos a la institución permanecieron de manera casi continua. La crítica a las deficiencias en sus recursos humanos y a la incapacidad de sus mandos apenas se vio atenuada por los reconocimientos a la insuficiencia del personal en relación con la población montevideana, y al grave y permanente crecimiento de la criminalidad. La situación económica del país en la década del 30 invalidaba toda posibilidad de aumento de funcionarios. Por el contrario, se invitaba a la moderación presupuestal. Reconociendo la realidad financiera y la imposibilidad de generar nuevos gastos, La Tribuna Popular realizaba una propuesta que dirigía públicamente al Ministerio del Interior. Básicamente, se trataba de racionalizar los gastos del Estado mediante un uso adecuado de sus recursos humanos. Es por ello que el 5 de setiembre de 1932 proponía una reorganización de la vigilancia policial que evitara la “distracción” de funcionarios que se encontraban comisionados en tareas secundarias (por ejemplo, en el cuidado de determinados edificios). Proponía que el Ministerio del Interior apelara a los “buenos oficios de su colega el de Guerra”. De esta manera, lo que se consideraba una “vigilancia especial” podía estar a cargo de los soldados, devolviendo al servicio activo a los guardias civiles que estaban al margen de toda actividad. Poco conocemos de la recepción que tuvo la propuesta que el diario ponderaba por su originalidad y su utilidad práctica. Lo que es un hecho, según reafirmaba La Tribuna Popular a mediados de 1932, es que resultaba inexplicable la inacción de un gobierno y la falta de toma de medidas en una sociedad en la que, como iban las cosas, “nadie puede sentirse seguro, al acostarse, de amanecer vivo”.