El cielo estaba cerrado; caían unas gotas pesadas y frías sobre la Avenida de las Instrucciones al 1933, donde se ubica el Batallón de Infantería Nº 13. Unas 70 personas se habían reunido para continuar, a 43 años del último golpe de Estado, la tarea de “marcar” los lugares que fueron centros de detención y tortura.
La Ley 18.596 de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, promulgada en 2009, prevé en sus artículos 7 y 8 la colocación de “placas o expresiones materiales simbólicas” en todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos.
“Es una pequeña parte de la reparación”, dijo a la diaria Baldemar Taroco, vicepresidente de Crysol, asociación que nuclea a ex presos políticos de Uruguay. “Rescatar la memoria y mantener vivo lo que pasó en este país con la idea de que no vuelva a repetirse”, agregó, y adelantó que la próxima colocación será en la Base Aérea Capitán Boiso Lanza. “Donde estuve yo”, dijo Taroco.
En el predio donde están el Batallón Nº13 y el SMA funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos, conocido como “infierno grande” por su capacidad. Hasta el momento se encontraron allí solamente los restos de Fernando Miranda, militante del Partido Comunista (PC), en 2006, pero se sabe que también estuvieron detenidos en el lugar Elena Quinteros Almeida, Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermín Laureano Montes de Oca y Julio Escudero Mattos, todos desaparecidos.
Las excavaciones se retomarán próximamente en busca de los restos de Elena Quinteros y María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, debido a que hay testimonios que indican que podrían haber sido enterradas en el lugar. “Acá es muy grande el predio y se ha excavado en pocos lugares”, observó.
Tiranos, temblad
Los carteles con las caras de los presos desaparecidos y las fechas en que fueron detenidos surgían entre los paraguas, mientras las placas aún estaban tapadas con la bandera nacional.
Después de entonar el Himno Nacional, tomó la palabra Fernando Funcasta, integrante de Crysol, y recordó a los presos que fueron llevados al “infierno grande” a partir de 1972, “vendados, encapuchados, con las manos atadas” para ser parte de “una triste rutina”. “Las posiciones incómodas, el frío, la falta de sueño durante días y noches, la picana y el submarino, para terminar en el calabozo”. Funcasta denunció la “lentitud” de la Justicia uruguaya, que sigue “retrasando la verdad a más de 40 años de los hechos”.
El presidente de la comisión de reparación, Nicolás Pons, también director de Cooperación Internacional y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura, tomó la posta. “Esta placa hablará por sí sola y dará cuenta de una parte de la historia. Pero no alcanza. No puede cumplir su verdadero papel si la dejamos sola, si queda quieta”.
Poderes
Consultado sobre la necesidad de acción por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez consideró que “más allá de que el Estado se debería comprometer mucho más fuerte, creo que no hay que confiarle todo al Estado. La sociedad civil tiene autonomía”.
Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez consideró que debe haber más esfuerzos desde el gobierno y desde las instituciones. “Hay muchas faltas todavía, pero también se tienen que reconocer todos los avances que se han dado”.
Respecto del papel de los militares en la búsqueda de la verdad, sostuvo que “es necesario poder denunciar cada una de los posicionamientos que tenemos”. Consideró “lamentable” y “una impunidad más” la declaración del Centro Militar y las de las Fuerzas Armadas relativas a los ajustes que pretende promover el Ejecutivo en la Caja Militar: “Estamos en democracia. Los militares tendrán sus opiniones pero -como dice la Constitución- no las pueden hacer públicas de la manera en que lo han hecho”.