El debate ya se había dado en el Senado, cuando el legislador colorado Pedro Bordaberry planteó la conformación de una comisión investigadora con fines legislativos sobre corrupción en Uruguay, y se reeditó ayer. La Cámara de Senadores discutió los informes de la comisión preinvestigadora creada a tales efectos, integrada por dos representantes del Frente Amplio (FA), Daisy Tourné y Rubén Martínez Huelmo, y el colorado José Amorín Batlle.
En la fundamentación del Partido Colorado para crear la comisión, expuesta por el senador Germán Coutinho porque Amorín Batlle estaba de licencia, se mencionó como argumento central que Uruguay “está atrasado en la aprobación de normas contra la corrupción”. Se cita en ese sentido un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública de 2014, que señala el incumplimiento del Poder Legislativo en incorporar a la legislación nacional los convenios internacionales suscriptos, y en particular, la falta de tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.
También se señala lo sucedido en la región en materia de corrupción. “Los hechos denunciados en los países vecinos y su posible vinculación con Uruguay están documentados y son de público conocimiento”, manifestó Coutinho. Mencionó el caso del secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, detenido cuando intentaba ocultar dinero en un convento, y las visitas del empresario Guido Antonini Wilson, “el hombre de la valija”, a Uruguay. También se refirió a las declaraciones de un empresario brasileño quien, en el marco del instrumento de la delación premiada en la causa por corrupción en Petrobras, sostuvo que el actual gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, recibió dinero para interceder ante el gobierno uruguayo para que se adjudicara a la empresa OAS las obras de construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Coutinho aseguró que hay casos de adquisición de inmuebles por parte de ciudadanos argentinos “para blanquear dinero obtenido por métodos corruptos”, así como de “entrega de dinero de funcionarios corruptos argentinos que se realizaba en hoteles de Uruguay”.
“¿Significa esto que hay certeza de corrupción en Uruguay? No, pero es claro que hay riesgo, y tenemos que mantener un prestigio que se ha ganado durante décadas”, afirmó el senador colorado. Agregó que se trata de “dar una señal de que el sistema político uruguayo está preocupado por el tema y dispuesto a trabajar para mantener los bajos niveles de corrupción” del país.
Demasiado general
Tourné argumentó que el FA entiende, de acuerdo con la norma que regula las investigadoras, que debe haber “materia concreta que funde una investigadora de la corrupción en Uruguay”. En la fundamentación de Bordaberry “no existe una denuncia de hechos concretos”, sostuvo. Dijo que “una cosa son los deseos y otra las realidades”. “Y a veces los deseos nos hacen forzar las argumentaciones”, deslizó. Consideró que hay que “tener mucho cuidado con los términos que manejamos” y “cuidar el prestigio ganado a lo largo de la historia política de Uruguay, no enlodarlo si realmente no existe causa que nos señale riesgos urgentes”. “Si hay una trayectoria que tiene Uruguay, es que ha habido siempre normas que nos han distinguido por nuestra honestidad y por la trayectoria histórica de un sistema político más bien austero, que no está en un castillo de cristal”, manifestó Tourné. Mencionó el ranking de Transparencia Internacional de 2015, que coloca al país en el lugar 21 a escala mundial en materia de transparencia, y primero en América Latina.
Sobre el caso específico del empresario brasileño que se acogió a la delación premiada, Tourné afirmó que el delator en ningún momento mencionó a las autoridades uruguayas, y que “eso de ninguna manera implica que exista algo en Uruguay que pueda probarse” respecto de eventuales irregularidades en la licitación de la regasificadora. En el caso de Guido Antonini Wilson, sostuvo que “sobre Uruguay no recae absolutamente nada”. “Hablar de corrupción en Uruguay me parece un poco extremo”, concluyó la legisladora.
Tourné aclaró que la negativa del FA no implica que la coalición se niegue a discutir sobre la corrupción en Uruguay, y recordó que su partido promueve rever el esquema de financiamiento de los partidos políticos e impulsó una comisión para analizar los denominados Panama Papers. “No pretendamos decir que esta fuerza política no da lugar a la comisión porque quiere barrer para abajo de la alfombra absolutamente nada”, remarcó. “No vamos a bloquear nada, vamos a transitar por donde se debe transitar. [El FA] se niega a instalar una comisión que siembra una sensación de riesgo terrible de Uruguay, para que se piense que hemos empezado a transitar por el camino de otros países de la región. Deberían desear que le vaya bien al país; sin embargo, a veces, uno duda”, concluyó.
Después de un cuarto intermedio, la sesión continuó de tarde, pero los argumentos no cambiaron demasiado. Quizá el momento más tenso fue cuando Martínez Huelmo calificó la iniciativa colorada de “un operativo mediático”, a lo que Bordaberry respondió: “Veo que mi pedido ha hecho perder la serenidad a alguno”. Sobre el final, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció que iba a votar el informe en mayoría de la preinvestigadora, pero propuso una moción para conformar una comisión especial legislativa de siete miembros, con duración de un año, para estudiar la normativa sobre el tema. El informe en mayoría fue afirmativo por 17 votos en 27 senadores presentes, y la moción de Mieres sólo obtuvo 11votos con la misma cantidad de presentes.