En estos días, con motivo de las medidas de “consolidación fiscal”, el gobierno elevó al Parlamento un proyecto de Rendición de Cuentas que deja sin efecto los incrementos presupuestales para la ANEP, la Udelar, el Hospital de Clínicas, ASSE y otros organismos públicos.
A su vez, se presenta cada discusión como nueva y sin antecedentes, aunque sean inmediatos: el año pasado se votó 36% de lo solicitado por la Universidad, solicitud basada en el prometido 6% del Producto Interno Bruto para la educación pública.
Para comprender mejor la situación debe tenerse presente que en el Presupuesto Quinquenal anterior (2011-2015), aprobado en 2010, la Universidad recibió apenas 43% del monto solicitado. Además, a través de aquel presupuesto el Poder Ejecutivo digitó en qué áreas la Universidad debía gastar el dinero otorgado, generando a la interna de la institución importantes desequilibrios.
Durante la Rendición de Cuentas del año 2013, cuando se hacía evidente que el presupuesto universitario quedaría nuevamente relegado, el Consejo Directivo Central realizó un acto en el Paraninfo, con un cuestionamiento claro: si en ese momento, tras años de bonanza económica, se seguía sin contemplar las necesidades de la principal institución de educación terciaria del país, ¿cuándo se pensaba hacerlo? ¿Qué pasaría cuando viniera otra crisis? Sin embargo, aquel año el aumento de fondos para la Universidad fue negado, y sus consecuencias se viven a diario en la interna de la institución.
Particular atención debe prestarse al Hospital de Clínicas, que en el período 2010-2015 recibió 16% de lo que había solicitado, lo que generó una muy dura realidad y profundizó a niveles críticos su situación edilicia y capacidad asistencial.
El actual gobierno se comprometió públicamente a remodelar el edificio del Hospital, pero excusándose en la necesidad de cuidar las cuentas públicas ofrece la participación público-privada como única solución, e insiste en que la Universidad cambie su proyecto de nuevo Hospital a un modelo que “reduzca el riesgo” del inversor privado y lo vuelva “más rentable”.
La Universidad presentó una alternativa de financiamiento que implica comenzar a pagar una vez terminada la obra, es decir, dentro de al menos siete años, lo cual le saldrá más caro, pues quien la construya cobrará un interés considerable, pero contempla las actuales preocupaciones del equipo económico. Sin embargo, esto también fue rechazado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que no deja de insistir en la participación público-privada.
El recorte presupuestal a la Universidad y al propio Hospital de Clínicas se propone dentro de la novedosa “consolidación fiscal” -eufemismo que puede también leerse en las recomendaciones 2016 para la región elaborado por el FMI- que ajusta el “Presupuesto Quinquenal a dos años” (este oxímoron sí parece ser creación original).
El presupuesto votado a fines de 2015 sólo tiene montos asignados para 2016 y 2017, dos de los cuatro años para los que debe armarse el Presupuesto Nacional, lo cual ya genera dificultades en una institución que, por su naturaleza, debe planificar sus políticas a largo plazo. Y ahora son los montos de 2017 los que se pretende quitar (“abatir” es el verbo que figura en el proyecto de ley enviado), que implican 544 millones de pesos del presupuesto neto de la Universidad, a los que se suman 105 millones de pesos para financiar convenios de ASSE con el Hospital de Clínicas. En suma, son 649 millones de pesos menos con los que la institución no va a contar, pero que ya tenía previsto cómo iba a utilizar, siendo una parte considerable las retribuciones salariales de sus trabajadores docentes y no docentes.
Este recorte se traduce en menos horas docentes disponibles, cuando la matrícula estudiantil continúa en aumento (afortunadamente), e implica que los funcionarios de la Universidad sean los únicos en todo el sistema educativo que no perciban aumentos salariales el año próximo y sigan siendo de los más bajos en términos reales.
Discutir su presupuesto con las autoridades nacionales ha sido una constante en la historia de nuestra Universidad de la República, más aun desde que esta conquistó su autonomía y la plasmó en su forma cogobernada de dirección, ya que fue entonces cuando la asignación de recursos se convirtió en el único medio del que dispone el poder estatal para entrometerse en los asuntos universitarios.
Por la historia común de luchas y resistencia del demos universitario con la fuerza política que hoy gobierna, se generaron ilusiones de que eso sería diferente. Hoy hay una mezcla de desilusión y rabia; los colectivos universitarios sabrán estar a la altura de las circunstancias para evitar que en el Parlamento se pertreche este abatimiento a la Universidad pública. Para ello es necesario colocar su defensa por encima de las banderas partidarias.
Federico Kreimerman, representante del Orden Egresados en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República