Según el PNUD, la región pasó por una “transformación incompleta” en la última década. “De 1994 a 2012 logró reducir la pobreza prácticamente a la mitad y aumentar la clase media”, la proporción de personas pobres pasó de 42% en 2002 a 24% en 2013. No obstante, casi dos de cada cinco latinoamericanos (38%) son aún “vulnerables”. Para el organismo multilateral, en la actualidad el principal reto de la región es evitar la recaída de “millones de hogares” en situaciones de pobreza. “Es precisamente en este momento de ralentización económica que se recomienda invertir en la protección social, a lo largo del ciclo de vida, para impedir tales retrocesos”, afirma el informe regional que se presenta hoy.
Los determinantes de la “salida de la pobreza” no son los mismos que los que “evitan la recaída en la pobreza”. Mientras que los primeros se centran en la educación de calidad y empleo, los segundos procuran la existencia de redes de protección social y activos de los hogares.
La nueva pirámide
Los avances de la última década en la región dieron lugar a una transformación de las pirámides de ingresos, que pasaron de estar compuestas por una población predominantemente pobre, hace 20 años, a estar conformadas por una población predominantemente vulnerable.
En Uruguay, el crecimiento de la clase media fue de casi 20% en este período; en 2013 ese sector de la población concentraba a más de 45% de los uruguayos. Y dada la relativa baja incidencia de la pobreza en el contexto regional, un poco más de 80% de la población en situación de pobreza por ingresos experimentó una movilidad económica ascendente en la última década.
Aun así, el informe atiende el efecto de la política fiscal -por medio de transferencias públicas monetarias y en especie- sobre la movilidad económica de la población, ya que cuando se considera el efecto de los impuestos y los subsidios indirectos, la magnitud de la movilidad ascendente experimentada por la población en situación de pobreza por ingresos decrece, en el caso de Uruguay, prácticamente a la mitad.
“Mientras que cerca de 42% de la población pobre abandona tal situación después de recibir transferencias monetarias públicas, tal proporción disminuye a 28% después de la intervención del sistema impositivo”, sostiene el informe, que concluye que “14% de los hogares pobres que podrían haber transitado hacia la vulnerabilidad o la clase media gracias a las transferencias públicas, permanecen en su situación original debido al efecto de los impuestos y los subsidios indirectos”.
En el caso de Uruguay, la población más pobre mantiene ganancias netas después de impuestos cercanas a 80% respecto de su ingreso de mercado, mientras que en la población en situación de pobreza moderada las ganancias son de 21%. En síntesis, “la población pagadora neta es aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica”.
Canasta llena
Más allá de las advertencias respecto de las ineficacias del sistema fiscal, Uruguay va bien en cuanto a la llamada “canasta de resiliencia”, compuesta por cuatro elementos críticos que se necesitan para prevenir la recaída en la pobreza: la protección social a lo largo del ciclo de vida, los sistemas de cuidados para niños y adultos mayores, el acceso a activos físicos y financieros de los hogares, y una mayor calidad laboral.
En términos de informalidad, se elogia la herramienta del monotributo como “eficaz” para ampliar la cobertura efectiva de la protección social. Se trata de un sistema implementado después de la última reforma tributaria de 2007, que favorece a las empresas unipersonales o familiares de reducida dimensión económica.
Por otro lado, también se destaca como referencia el Sistema Nacional de Cuidados, como “una acción integral para incluir el tema de los cuidados en los sistemas de protección social como un componente transversal y como un derecho universal”.
El informe incluye mediciones del uso del tiempo que permiten visualizar las actividades que integran el trabajo doméstico y los cuidados, calcular el volumen de la carga total de trabajo remunerado y no remunerado, medir las desigualdades de género y, por último, conocer las reales condiciones de pobreza de las mujeres. En el caso de Uruguay, de 30% de los hogares pobres por ingresos, 21% también sufre privación de tiempo, por lo que “cualquier política que suponga una mayor carga de tiempo para los hogares de bajo ingreso -como un incremento de las horas de trabajo o del tiempo dedicado al transporte- y que no actúe sobre otros factores relacionados con la incidencia de la pobreza de tiempo probablemente no resulte exitosa”, se establece.
También el país está un paso adelante en relación al resto de la región en cuanto a la cantidad de días de licencia para los padres después del nacimiento de sus hijos (diez, en el caso de Uruguay), así como por la posibilidad de que las licencias parentales puedan compartirse entre hombres y mujeres. El informe observa, sin embargo, que esta medida alcanza sólo a los asalariados, y no a los trabajadores informales.