A pesar de que las normas que las impulsaron son bastante recientes, el Estado sigue incumpliendo con las cuotas de puestos de trabajo en la función pública para discapacitados y afrodescendientes, según revelaron los dos informes anuales sobre estas leyes que ingresaron al Parlamento junto con la Rendición de Cuentas.
En el caso de las personas con discapacidad, la Ley 16.095 y sus modificaciones dispusieron que al menos 4% de las vacantes generadas en los organismos públicos, estatales o no, sean ocupadas por personas con discapacidad. En 2015, los discapacitados apenas llegaron a contabilizar 0,33% de los ingresos (22 personas). En cuanto a los afrodescendientes, la Ley 19.122 establece un cupo de 8% para ingresos en organismos públicos (estatales y no estatales), pero apenas se alcanzó 2,71% (341 personas) el año pasado.
En el caso de lo dispuesto por la Ley de Discapacidad, la cifra es aun más baja que la que se había obtenido en 2014. Ese año habían ingresado 75 personas con discapacidad, lo que representó 1,04% de las vacantes generadas. La diputada Mercedes Santalla, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, admitió que es necesario “hacerla cumplir más”, ya que tanto la administración central como las intendencias están en falta con esta norma.
El informe, elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil, asegura que entre los discapacitados que ingresan a la función pública “los hombres continúan ingresando en mayor proporción [63,8%] que las mujeres”. La mayoría de quienes ingresan presentan dificultades motrices (41,8%). En cuanto a la edad, 50% de estos nuevos funcionarios tienen entre 30 y 45 años.
En cambio, la situación en el ingreso de afrodescendientes en 2015 mostró una mejora respecto de 2014, cuando la proporción apenas habían alcanzado el 1,1%. El aumento respecto del año anterior, cuantifica el informe, fue de 143%. De hecho, hubo organismos que lograron cumplir o superar la cuota que la ley establece, como el Ministerio de Defensa Nacional, OSE y la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir).
Respecto de las personas afrodescendientes que entraron a la función pública, la mayoría son hombres (79%) y tienen entre 18 y 29 años (82,1%). Casi 79% de quienes fueron incorporados por el Estado bajo esta norma en 2015 pasaron a desempeñarse en el Ministerio de Defensa Nacional, la mayoría como personal militar subalterno.