Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 168 millones de niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, y de ellos, 85 millones realizan trabajos peligrosos. Son empleados principalmente en la agricultura (99 millones), también en minería, industrias manufactureras, turismo, “la producción de bienes y la prestación de servicios que a diario consumen o utilizan millones de personas”, expresa el mensaje emitido ayer por la OIT, al conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) dieron el viernes una conferencia de prensa sobre el tema. Ernesto Murro, titular del MTSS, hizo énfasis en la necesidad de potenciar “la interrelación dialéctica entre educación y trabajo”. El trabajo infantil está prohibido para quienes tienen menos de 15 años; los adolescentes de 15 a 17 años pueden trabajar, pero contando con el permiso del INAU, que establece qué trabajos pueden realizar y en qué condiciones (por ejemplo, que la jornada laboral no supere las seis horas e incluya media hora de descanso). Murro dijo que por medio del diálogo en ámbitos de negociación colectiva debe avanzarse en la integración entre educación y trabajo “desde una perspectiva de derechos, partiendo de la base de que los jóvenes y adolescentes deben tener y ejercer sus derechos y en particular también el derecho a la educación y el derecho al trabajo”. También Marina Arismendi, titular del Mides, apuntó a la compatibilización, porque si un adolescente comienza a trabajar y tiene que optar por una de las dos tareas, “va a abandonar el estudio”. Opinó que “el estudio tendría que ser a la medida” del trabajo que realice el adolescente. También subrayó ese aspecto Cristina Demarco, presidenta del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que expresó en diálogo con la prensa que se necesita una “participación activa” de las escuelas y liceos de todo el país para que “el trabajo no entorpezca el proseguir en su formación”.
Los jóvenes son quienes más sufren el desempleo. Murro afirmó que está trabajando para fortalecer el financiamiento de la Ley de Empleo Juvenil, aprobada en 2013 y reglamentada en 2015. Destacó que en la cuarta edición del programa Yo Estudio y Trabajo, dirigido a jóvenes de 16 a 20 años, hay 600 jóvenes trabajando -la cifra es baja si se considera que en diez días se inscribieron 21.000 jóvenes-, y comentó: “Lamentablemente no hemos logrado hacernos comprender por el sector privado; es una experiencia fundamentalmente radicada, por ahora, en el sector público”.
Entre 2004 y 2014 el registro de jóvenes y adolescentes en el Banco de Previsión Social de 16 a 18 años creció 120%: de 5.700 a 14.000, destacó Murro. Saludó que el crecimiento fue prácticamente el doble que hubo en la formalización a nivel general.
Arismendi apuntó a los menores de 15 años. Informó que se está trabajando con la Administración Nacional de Educación Pública para “ir a buscar” a niños que terminaron sexto año en diciembre de 2015 y que no están cursando estudios en enseñanza media, pública o privada. Anunció que la tarea la hará el Mides durante 60 días y que se buscará que cada uno de los niños que encuentre “sea capaz de enganchar este año con la posibilidad de la enseñanza media o de la capacitación, o el cuidado en cualquiera de sus formas”. Además, la tarea servirá para sistematizar información.
Hora de revisar
Según Marisa Lindner, directora del INAU, en 2015 se otorgaron alrededor de 2.800 permisos. Si bien en los 14.000 registrados en el Banco de Previsión Social (BPS) se incluyen jóvenes de 18 años, Lindner dijo que “es necesario establecer mayores puentes con el conjunto de instituciones”, porque según las cifras del BPS hay “un número mayor de adolescentes que estaría trabajando”. Entre mayo de 2015 y mayo de 2016 el INAU aplicó 57 sanciones a empresas por este tema, dijo Lindner.
Demarco informó que no tienen mayores datos y que pueden estar “en el Uruguay profundo, en lugares a los que nos cuesta acceder porque evidentemente están muy escondidos, y cuando tenemos denuncias, vamos”, pero aclaró que estas no son frecuentes. Lindner señaló que es necesario asumir el desafío de “avanzar en el trabajo en el medio rural y fundamentalmente en el ámbito doméstico vinculado a la niñez y adolescencia, dos de las áreas de mayor complejidad para poder llegar a esa realidad”. Mencionó, además, la necesidad de “revisar el listado de trabajos peligrosos y regular de manera acorde a la realidad de los niños y adolescentes actuales. Requerimos nuevos criterios, nuevas realidades, que estén sostenidas en el interés superior del niño y del adolescente”.
Demarco dijo a la diaria que el listado de trabajos peligrosos se revisará en función de “la naturaleza del trabajo y las condiciones” en que se hace. “No es lo mismo que diga que un trabajo peligroso es tal si se hace con protecciones, con pesos adecuados, con menos horas y que no va a lesionar al adolescente”, expresó.